El Concejo de Bogotá abrió el debate de una reforma tributaria que, de aprobarse sin cambios, elevaría el recaudo distrital en $1,2 billones anuales a partir de 2027. El proyecto fue radicado ante el cuerpo colegiado y todavía puede sufrir modificaciones antes de su aprobación.
La pieza central del proyecto es la reestructuración del impuesto de Industria y Comercio (ICA). Según el análisis de la firma consultora BDO, los servicios pasarían a una tarifa del 10%, las actividades profesionales al 8%, y el sector financiero, bebidas alcohólicas y tabaco tributarían al 21%. El salto para ese último grupo es el más visible y el que mayor impacto tendría sobre los costos operativos de las empresas afectadas.
Además de las nuevas tarifas del ICA, el proyecto crea dos cobros adicionales. El primero es una sobretasa de alumbrado público ligada al impuesto predial. El segundo es una sobretasa bomberil que recaería sobre empresas con ingresos netos anuales superiores a 43.498 UVT. Ambas cargas amplían la base de obligaciones para el sector privado radicado en la capital.
En el lado opuesto de la balanza, la propuesta elimina el impuesto a la publicidad exterior visual y el de espectáculos públicos, dos cobros que pesaban sobre actividades comerciales y culturales.
El proyecto también incluye un paquete de incentivos para atraer inversión. Las exenciones progresivas de ICA pueden extenderse hasta 10 años para grandes inversiones; los descuentos por compra de activos fijos productivos llegan al 60% u 80%; y hay beneficios especiales de renovación urbana para zonas como Fontibón y Engativá. Para deudores actuales, la norma abre una ventana hasta el 18 de diciembre de 2026: quienes se pongan al día con sus obligaciones distritales antes de esa fecha obtendrán un descuento del 50% en intereses y sanciones.
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Desde la perspectiva de Ágora Capital, la reforma de Bogotá ilustra una tensión clásica: el aparato distrital necesita más caja y la obtiene, en primera instancia, elevando la presión sobre el sector productivo. Las sobretasas adicionales y la tarifa del 21% para finanzas y tabaco no son neutras; se traducen en costos que las empresas trasladan a precios, márgenes o decisiones de localización.
Los incentivos para grandes inversiones son un reconocimiento implícito de que el capital es móvil y que sin contrapesos la carga ahuyenta más de lo que recauda. La pregunta que el Concejo debería responder antes de votar es si $1,2 billones de recaudo adicional justifican el costo de competitividad que Bogotá asume frente a otras ciudades del país. El mercado, como siempre, tendrá su propia respuesta.
