La ofensiva publicitaria vinculada a Trump ya suma al menos más de 1,28 millones de dólares en costos reportados por dos anuncios financiados con la etiqueta «Paid for by the U.S. Government», según los datos citados por CNBC a partir de AdImpact y lo informado por CNN.
Un primer spot de 30 segundos, en blanco y negro, mostró a Trump caminando por un pasillo mientras advertía contra «the deep state», «warmongers», «globalists», «Marxists», «communists» y «fascists». Ese video había sido publicado antes en Truth Social en 2023, pero entonces cerraba con una llamada a unirse a su campaña y la leyenda «Paid for by Donald J. Trump for President 2024, Inc.»; ahora termina con «Paid for by the U.S. Government».
CNBC informó que ese anuncio se emitió durante al menos dos partidos de la NFL el domingo y que, hasta ahora, ha costado más de 362.000 dólares. Otro spot, con la canción «Love Me» de JMSN, mezcla fotos y videos de Trump con frases como «largest tax cuts in history» y «reigniting American manufacturing». Ese aviso, que también habría salido al aire el fin de semana, ha costado casi 920.000 dólares hasta la fecha.
La reacción política fue inmediata. El senador John Kennedy dijo a CBS News: «I don’t think any public official, including President Trump or Kristi Noem or John Kennedy, should spend public money on private ads for themselves». El senador Thom Tillis calificó de «inappropriate» el uso de dinero de los contribuyentes y lo comparó con Viktor Orbán. El republicano Thomas Massie fue más allá y escribió que usar dólares del contribuyente para anuncios ominosos del presidente «has been done before and is completely legal… in banana republics».
Desde el Partido Demócrata también llegaron cuestionamientos. Maggie Hassan pidió por carta a Susie Wiles detalles sobre el costo de producción, los organismos y contratistas externos involucrados, la fuente de fondos y las bases legales y éticas del spot. Según Hassan, el anuncio «does not have a clear official government purpose and appears to run afoul of federal prohibitions». Andy Kim preguntó en redes sociales cuánto dinero de los contribuyentes se había gastado en el anuncio.
En otra carta fechada el 24 de septiembre, demócratas de los comités de asignaciones pidieron sacar del aire el aviso «Love Me» por ser «the sort of government propaganda one might expect in North Korea, not the United States of America, and it is an egregious and illegal misuse of Americans’ hard-earned tax dollars».
La Casa Blanca, sin embargo, defendió las piezas y las llamó, en un comunicado del 25 de septiembre, «public service announcements». Un funcionario dijo a TIME que no eran políticas, que no incluían llamado a la acción y que el presidente no estaba en la boleta. Un vocero añadió que se trataba de recordarle a los estadounidenses que amen a su país y entiendan lo que vale defenderlo.
El marco legal que rodea el caso no es menor. Desde los años 50, las leyes anuales de financiamiento prohíben usar fondos del contribuyente para «publicity or propaganda». La Government Accountability Office ha interpretado esa prohibición como aplicable a material «purely partisan», «self-aggrandizing» o «covert», aunque también reconoce que las administraciones pueden defender sus políticas. Además, algunos legisladores ven posibles violaciones al Hatch Act. La organización Public Citizen presentó una queja ante la GAO y la Office of Special Counsel para pedir investigación y aplicación de la ley.
La discusión va más allá de un anuncio. Lo que está en juego es una regla básica de disciplina fiscal y de límites al aparato estatal: el dinero de los contribuyentes no debería convertirse en caja de propaganda, menos aún cuando el mensaje se acerca demasiado a la autopromoción política. El mercado ya votó hace tiempo por reglas claras; cuando el Estado las difumina, la factura la paga el ciudadano.
También hay una advertencia institucional. Si la comunicación oficial se mezcla con campaña, la frontera entre gobierno y partido se vuelve borrosa. Eso erosiona la confianza, amplía el margen de arbitrariedad y refuerza la idea de que la burocracia puede usar recursos públicos como vehículo de poder. Capital busca reglas claras; este episodio apunta en la dirección contraria.
