Donald Trump anunció la creación de una nueva fuerza de trabajo llamada «Super Intelligence Force» para coordinar el esfuerzo del gobierno federal y asegurar que Estados Unidos siga liderando el mundo en «super inteligencia», según escribió en Truth Social.
Para encabezarla, Trump nombró a Jay Clayton, director de inteligencia nacional del país. Además, incorporó a Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio; a Emil Michael, subsecretario de guerra para investigación e ingeniería y director de tecnología del Departamento de Defensa; y a Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.
Trump dijo que el grupo reportará a él y a su jefa de gabinete, Susie Wiles. También detalló que la fuerza de trabajo colaborará con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas de «super inteligencia».
De acuerdo con la información divulgada, la primera tarea del grupo será elaborar un informe sobre los riesgos y oportunidades vinculados a la IA dentro de 120 días. El lanzamiento llega apenas unas semanas después de que Trump anunciara que crearía una nueva «AI Force» y consultara a sus seguidores en Truth Social sobre rebautizar el término inteligencia artificial.
La movida refuerza una idea central en Washington: la Casa Blanca quiere controlar el marco regulatorio y estratégico de una tecnología que ya mueve capital, productividad y poder industrial. El mercado ya votó a favor de la inteligencia artificial como una de las grandes apuestas del ciclo tecnológico; ahora la pregunta es si el aparato estatal va a facilitar la competencia o a complicarla con más capas de coordinación y burocracia.
También hay un mensaje político claro. Trump no solo quiere mantener a Estados Unidos en la pole position del sector, sino ordenar desde el poder federal una conversación que afecta inversión, innovación y libertad de empresa. Capital busca reglas claras; si la nueva fuerza sirve para dar certidumbre, puede sumar. Si termina siendo otro filtro estatal, el costo lo pagarán empresas, consumidores y contribuyentes.
