La promulgación de la One Big Beautiful Bill Act por Donald Trump en julio de 2025 abrió una nueva etapa en la política fiscal estadounidense: el Gobierno federal exime del impuesto sobre la renta a ciertos ingresos por propinas y horas extra.
El alivio alcanza a millones de empleados de bajos salarios y veteranos de las fuerzas armadas, según el material disponible. El sitio del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) fija una deducción anual máxima de US$25.000 por contribuyente individual para propinas calificadas. En el caso de las horas extra, la deducción anual llega a un máximo de US$12.500 para contribuyentes individuales y US$25.000 para declaraciones conjuntas.
La disposición rige de forma retroactiva desde la temporada fiscal 2025 y caducará a fines de 2028. El IRS también establece un límite de ingresos para aplicar ambos beneficios: la exención comienza su fase de eliminación gradual para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado superior a US$150 mil, y para declaraciones conjuntas el umbral es de US$300 mil anuales.
Pero la contracara fiscal es contundente. Un informe publicado el 23 de septiembre, citado en la cobertura, indica que la reforma de Trump tiene impacto económico sobre millones de familias antes de las elecciones. El recorte de un billón de dólares a Medicaid y la eliminación de subsidios de salud dejaron sin seguro médico a miles de personas, según ese reporte. En paralelo, las nuevas exigencias laborales de la legislación privan de asistencia alimentaria del programa SNAP a millones de estadounidenses.
Ambas exenciones reducen directamente la base imponible del impuesto federal sobre la renta. Los contribuyentes pueden pedirlas en su declaración anual, tanto si detallan deducciones como si eligen la deducción estándar. Los montos informados en formularios como el W-2 y el 4137 sirven para acreditar las propinas calificadas, y en el caso de las horas extra el beneficio aplica sobre el pago adicional que excede la tarifa regular de trabajo.
La medida busca aliviar la carga tributaria sobre sectores de ingresos medios y bajos en todo el país. En términos de incentivos, es una señal clara: el trabajo adicional y los ingresos variables dejan de ser castigados por la burocracia fiscal federal.
Pero el debate de fondo no es solo tributario. También es fiscal, político y de orden de prioridades. Un Estado que baja impuestos sobre el esfuerzo individual mientras recorta en salud y asistencia alimentaria redistribuye el costo entre ganadores y perdedores. Para el contribuyente, la pregunta es si el alivio en la nómina compensa la presión que termina en otra ventanilla del aparato estatal.
Capital busca reglas claras. Cuando Washington reduce impuestos a trabajadores pero amplía la incertidumbre sobre programas sociales de gran escala, el mercado observa algo más que un alivio temporal: observa un reordenamiento del riesgo país institucional, con impacto directo en la confianza, el consumo y la estabilidad política.
