La auditoría a los programas de apoyo a la nómina durante la pandemia dejó al descubierto fallas graves en el control de las ayudas estatales otorgadas durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Según la investigación revelada por la revista Cambio, basada en una auditoría de la Contraloría, más de 2.800 empresas que incumplían los requisitos legales recibieron más de 10.100 millones de pesos del erario público.
En mayo de 2020, en medio del aislamiento preventivo obligatorio, el gobierno de Iván Duque creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal, diseñado para subsidiar hasta el 40 % de un salario mínimo por cada trabajador formal mantenido en nómina. A esa estrategia se sumó el Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios, PAP, con un aporte de 220.000 pesos por cotizante para la prestación de junio.
A lo largo de 13 ciclos hasta 2021, el Estado giró 7,15 billones de pesos a cerca de 143.000 empresas. Pero la auditoría a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la entidad encargada de cruzar bases de datos y expedir los certificados de conformidad para que el Ministerio de Hacienda autorizara los desembolsos, evidenció severos fallos en los filtros institucionales.
El hallazgo más impactante reportado por Cambio señala que 1.655 empresas cobraron el subsidio del PAEF por 1.909 trabajadores que habían fallecido antes de las fechas de postulación o durante el trámite. Frente a eso, la UGPP argumentó que la normativa no la obligaba explícitamente a verificar la supervivencia del trabajador, aunque por iniciativa propia contrastaba si la persona figuraba viva el primer día hábil del mes anterior a la solicitud.
Bajo esa lógica de nómina ya causada, la entidad sostuvo que el 95,8 % de los casos señalados cumplían su regla y que los 103 restantes obedecían a actualizaciones tardías de la Registraduría Nacional. Sin embargo, la Contraloría desestimó la defensa y enfatizó que el PAEF fue creado para proteger empleos activos.
Subsidiar a personas fallecidas con anterioridad al trámite «desnaturaliza el objeto del gasto público» y configura un detrimento fiscal real, pues los registros actualizados demuestran un pago de lo no debido que la UGPP debió detectar mediante controles posteriores.
El reporte también expone otra modalidad de alto impacto económico: el cobro de auxilios por parte de organizaciones que carecían de la condición de empleadores reales. Un total de 13 agremiadoras ilegales —nueve en el PAEF y cuatro en el PAP—, firmas que afilian a trabajadores independientes cobrando cuotas y los hacen pasar como empleados propios en la planilla PILA, cobraron subsidios para 4.755 cotizantes y se apropiaron de 1.786,2 millones de pesos sin tener nómina propia.
Además, nueve agremiadoras sin empleados propios se llevaron 1.764 millones de pesos, otra señal del desorden en la verificación previa a los giros. Aunque la UGPP afirmó que no tenía forma de detectar esta irregularidad en el momento del trámite y que denunció a 87 agremiadoras ante la Fiscalía en 2022 tras avisos de terceros, la Contraloría concluyó que depender de denuncias externas refleja la debilidad de su control interno.
El informe detalla otras irregularidades. Unas 255 empresas obtuvieron ayudas por 1.624,1 millones de pesos pese a registrar matrículas canceladas antes o durante la postulación, o haberse inscrito después de los plazos límite permitidos. A eso se suman 923 empresas que recibieron 5.848 millones de pesos sin cumplir con lo exigido en sus planillas de seguridad social.
En conjunto, las 2.846 empresas objetadas por el ente de control se quedaron con 10.164,5 millones de pesos asociados a 27.268 cotizantes. Aunque la cifra irregular equivale a poco más del 0,14 % del total ejecutado en los programas, la Contraloría señaló «falta de validaciones posprocesamiento», «ineficiencia en los procesos de automatización» y ausencia de controles posteriores. También calificó la gestión del control interno de la UGPP como «ineficiente» y con un concepto final de «incumplimiento material con reserva».
A esto se suman retrasos en el proceso de fiscalización para recuperar los dineros, pues el personal temporal requerido no se vinculó sino hasta mayo de 2023. Incluso, en una muestra de expedientes revisados por los auditores, se hallaron casos registrados como fiscalizaciones que no contenían actuación alguna.
Actualmente, estos hallazgos están en trámite de proceso de responsabilidad fiscal y disciplinario para determinar las sanciones a las que haya lugar.
Más allá de la magnitud puntual, el caso vuelve a poner bajo la lupa la fragilidad del aparato estatal cuando reparte recursos con controles débiles. Cuando el dinero de los contribuyentes sale sin validaciones robustas, el incentivo para el abuso crece y la confianza en las ayudas públicas se erosiona.
El mercado ya votó hace tiempo por reglas claras, trazabilidad y responsabilidad. Si el Estado administra subsidios, debe hacerlo con filtros duros y controles posteriores efectivos; de lo contrario, la ayuda termina desnaturalizada y el costo recae otra vez sobre quienes producen, cotizan y sostienen el sistema.