La expansión de Shein y Temu volvió a encender el debate sobre la competencia en el comercio colombiano. Para María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el problema central es que hoy no existe una «cancha pareja» para los actores del mercado.
Quiñones señaló que el foco está en el modelo de operación de esas plataformas y en las condiciones tributarias bajo las cuales ingresan algunos productos al país. En particular, cuestionó la figura de minimis, bajo la cual determinados bienes de bajo valor pueden entrar sin arancel y, según la interpretación que cuestiona, sin IVA.
La dirigente explicó que ese esquema fue concebido para envíos ocasionales, pero que el comercio electrónico cambió esa lógica. «Cuando la realidad comercial se transforma y el mundo empieza a comerciar a través de paquetes, pues ya no es episódico, sino que es la regla; todo entra por paquetes», afirmó.
La Cámara plantea que sean las plataformas las encargadas de liquidar el IVA sobre las compras. Quiñones sostuvo que trasladar esa responsabilidad a los operadores de mensajería puede abrir espacio para la subdeclaración del valor de las mercancías.
El ajuste tendría efecto sobre los precios al consumidor. Quiñones reconoció que los productos podrían encarecerse, pero insistió en que se trata de un impuesto que debe aplicarse bajo las mismas reglas. «Probablemente, pues, ya los bienes de estas plataformas van a costar un 19 % más, pero eso no es culpa del Estado, sino el abuso que han hecho las plataformas», dijo.
También cuestionó que el consumidor reciba un beneficio tributario frente a otros actores del mercado. «Los consumidores tenemos el deber constitucional legal de pagar el IVA; no se pueden tener beneficios hacia el consumidor capando impuestos, eso no es razonable», aseguró.
La discusión alcanza además a las pequeñas empresas colombianas. Quiñones dijo que el comercio digital representa alrededor del 5 % del comercio minorista y advirtió que existe un rezago en la transformación digital de las pymes. «La digitalización implica ver cómo manejas tus inventarios, tu software contable, la articulación de tus canales, entre otras cosas. Esa ruta de apropiación no se está dando y es responsabilidad del Estado hacerla», explicó.
Según el gremio, ya se presentaron propuestas al Ministerio de Hacienda y al Congreso: que sean las plataformas, y no los usuarios, quienes liquiden el IVA en cada transacción, y crear una ruta de formalización de pymes basada en incentivos tributarios que no representen un costo fiscal adicional para el país.
Quiñones también dijo que los comercios nacionales pueden diferenciarse por calidad, diseño, durabilidad y protección ambiental, pero advirtió que para ello primero deben existir condiciones equivalentes. «Contra un 20 % no compite nadie», sostuvo.
El fondo económico es claro: si el Estado mantiene una asimetría tributaria entre el comercio local y las plataformas internacionales, la competencia queda distorsionada. No se trata de proteger a un gremio por capricho, sino de evitar que el dinero de los contribuyentes termine operando como una ventaja selectiva para unos jugadores sobre otros.
Capital busca reglas claras. Si Colombia quiere que el comercio electrónico sea una vía de desarrollo, el incentivo debe ser la productividad y la formalización, no el privilegio fiscal. En ese terreno, el mercado ya votó: las reglas deben ser iguales para todos.