El pleno del Senado aprobó por unanimidad, con 96 votos, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que sancionará con multas de 56 mil 570 a poco más de 2 millones 345 mil pesos a las empresas que incurran en prácticas de acoso telefónico con fines comerciales.
La reforma, turnada a la Cámara de Diputados para su análisis, modifica los artículos 18 Bis y 127 de la ley. La propuesta fue presentada por la senadora del PAN, Mayuli Martínez.
El cambio legal prohíbe a proveedores y empresas realizar llamadas telefónicas o comunicaciones por cualquier otro medio no autorizado, de forma reiterada y persistente, con fines comerciales o publicitarios. También incorpora sanciones para las empresas que incumplan las restricciones sobre el uso de información con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como sobre comunicaciones comerciales no autorizadas.
Martínez dijo en tribuna que «esta reforma representa una herramienta que inhibirá el acoso telefónico comercial y que contribuya a la voluntad del consumidor y que se respete su privacidad, tenga una protección mucho más efectiva y que su tranquilidad no dependa de cuántas veces tenga que repetir que no esté interesado en esos productos o en esas llamadas telefónicas».
La disposición se suma al marco legal que ya prohíbe enviar publicidad a quienes hayan manifestado expresamente su voluntad de no recibirla o estén inscritos en el registro correspondiente. Además, mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando la publicidad sea enviada a través de terceros.
Los números primero. La señal política es clara: el Congreso decidió subir el costo de una práctica que erosiona la privacidad del consumidor y castigar con multas más severas a quien use el teléfono como canal de presión comercial. En términos de incentivos, el mensaje para las empresas es directo: la insistencia ya no será gratis.
Capital busca reglas claras. Cuando el mercado opera sobre bases de respeto al usuario, también mejora la productividad comercial y se reduce el ruido que genera una mala asignación de recursos. Aquí el Estado no crea riqueza, pero sí impone límites a una conducta que invadía la esfera privada del consumidor y que ahora enfrentará un marco más estricto.