El Senado de la República aprobó con 72 votos a favor y 34 en contra la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como «Ley antimemes». La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
La mayoría oficialista impulsó una reserva para matizar el artículo 403 bis y establecer de forma específica el tema del dolo. En tribuna, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, negó cualquier intento de censura y sostuvo que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero «hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa».
En la misma línea, el morenista Cuauhtémoc Ochoa afirmó que «aquí nadie va a ir a la cárcel, nadie por hacer un meme». Según él, para que haya delito se necesitan tres elementos: escala comercial, hacer pasar algo como oficial para engañar e intención de cometer un fraude. También dijo que la famosa «Ley antimemes» no existe y que es producto de la imaginación de la oposición.
PRI, PAN y MC anunciaron su rechazo al dictamen. Advirtieron que la redacción podría generar riesgos para periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que usan imágenes oficiales con fines satíricos o de crítica política.
Durante el debate, la senadora panista Lilly Téllez pidió una «moción de ilustración» y se transmitió en las pantallas del salón una fracción de la parodia de la película alemana «El Hundimiento», donde aparece el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Después, Téllez lanzó señalamientos contra legisladores de Morena y contra Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, mientras Ruth González Silva le pidió respeto a la figura de su esposo. La discusión terminó con González Silva anunciando que presentará una denuncia penal contra Téllez por amenazas.
Alejandra Barrales acusó que la reforma es censura disfrazada de defensa de los derechos de autor. Dijo que el gobierno y su mayoría legislativa usan una causa noble, como el combate a la piratería, para avanzar en el control de la libertad de expresión. También advirtió riesgos por la redacción del artículo 403 bis.
La discusión confirma un punto de fondo: cuando el aparato político intenta regular la sátira con el lenguaje de la propiedad industrial, el costo no lo paga el poder, sino la libertad de crítica. Capital busca reglas claras, no zonas grises que dejen a discreción de la burocracia qué puede decirse y qué no.
El mercado de ideas también necesita certidumbre. Si la ley se presta a interpretaciones expansivas, el incentivo es obvio: menos sátira, menos periodismo incómodo y más autocensura. En una democracia sana, la ley protege derechos; no debe convertirse en un candado para la expresión.
