El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, prohibió a Ariel Vallejo prestar servicios financieros y ordenó que su flota de vehículos sea entregada a la Corte Suprema de Justicia. Entre ellos figura una Ferrari descapotable negra, motos, tres camiones de caudales y otros autos de alta gama.
La medida alcanza 24 vehículos. En el listado aparecen cuatro camionetas Toyota, tres Audi y la Ferrari descapotable. Según la investigación, el vehículo personal de Vallejo fue encontrado en un garaje de Puerto Madero, tapado con una cubierta y sin chapas patente. Su valuación fue estimada en aproximadamente USD 320.000. Además, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años.
La fiscal del caso, Cecilia Incardona, había pedido el secuestro de la Ferrari. Rodríguez Ponte, a su vez, dejó sin efecto la entrega en depósito judicial al acusado de 13 vehículos y le dio un plazo de tres días para ponerlos a disposición del juzgado a través de la Policía Federal. Esos rodados, sumados a otros ya secuestrados, quedarán a disposición de la Corte Suprema para una eventual asignación provisoria.
El expediente investiga una presunta asociación ilícita, cobro de tasas usurarias, lavado de activos y administración fraudulenta en perjuicio del Club Atlético Banfield. También se dispuso una batería de nuevas pruebas, entre ellas la tasación de la sede de Sur Finanzas en Adrogué, pedidos de valuaciones fiscales a ARBA y documentación COTI a ARCA sobre esa operación.
El juez además exigió concretar el congelamiento y la inmovilización de fondos vinculados a Sur Finanzas PSP, Sur Finanzas Group y personas investigadas. También pidió al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense información urgente sobre bienes registrables de personas físicas y jurídicas mencionadas en la causa, incluidos ex dirigentes de Banfield, Sur Finanzas, clubes y otras sociedades.
Los imputados ya fueron indagados por el anterior juez del caso, el subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, y negaron las acusaciones. En el caso de los ex dirigentes de Banfield, se les dictó la falta de mérito.
Los números primero. La señal que deja esta causa es clara: cuando una financiera queda bajo sospecha, el sistema judicial intenta cortar el acceso a la operatoria y preservar los activos. Capital busca reglas claras. Si las maniobras investigadas se sostienen con estructuras que pueden reconstituirse rápido, el costo para el mercado no es menor: más riesgo, menos confianza y menos trazabilidad en el flujo de fondos.
También hay un mensaje institucional. La inmovilización de bienes y la prohibición de operar no resuelven por sí solas el fondo del caso, pero marcan que el aparato estatal pretende llegar antes de que los activos desaparezcan. Para el orden económico, la clave es simple: propiedad privada protegida, dinero de los contribuyentes bajo resguardo y una justicia que no llegue tarde.