Crece la polémica en Sierra del Moral, en el norte de Bogotá, después del comunicado en el que algunos habitantes rechazaron la posible llegada de Gustavo Petro al conjunto residencial. La carta, revelada el viernes 18 de septiembre de 2026, pedía restringir al exmandatario porque su nombre figura en el listado de sanciones de la Ofac, y solicitaba que cualquier operación inmobiliaria eventual fuera sometida a una evaluación jurídica previa, documentada y centrada en las restricciones aplicables.
Pero varios residentes dijeron a Noticias Uno que no fueron consultados. Uno de ellos afirmó: «Yo estuve preguntando y no hubo ninguna junta. Ni siquiera en el comunicado salen las firmas de los residentes, y lo que sí está causando ese comunicado es un daño jurídico, porque los que somos propietarios de estos apartamentos, pues se nos va a desvalorizar el tema».
De acuerdo con esos testimonios, también habría preocupación por la privacidad y la seguridad si Petro llegara a vivir allí. Los vecinos consultados dijeron que la presencia de una figura pública podría complicar el acceso al conjunto y afectar la vida cotidiana. Uno de ellos resumió esa inquietud así: «Siento que eso va a afectar mucho. También va a ser muy difícil entrar acá».
Por ahora, la administración de Sierra del Moral no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. En paralelo, Petro negó en su cuenta de X que esté contemplando mudarse al conjunto. Dijo que nunca visitó el lugar, que no pretende alquilar allí y que no tiene recursos para comprar una casa en esa unidad.
El exmandatario también cuestionó a los firmantes de la carta por, según él, desconocer el alcance territorial de la normativa estadounidense. «Estos supuestos vecinos tienen que ser muy brutos para no leer en Internet la traducción de la ley Ofac de los Estados Unidos y no darse cuenta de que solo es para personas de los EE. UU.», escribió.
Petro añadió que aplicar esa legislación a ciudadanos colombianos exigiría vulnerar garantías constitucionales. «Colombia es soberana, repitan varias veces; así hayan votado por un presidente extranjero, deben saber que tienen que derribar la Constitución, sus libertades y derechos para lograr que una ley de los Estados Unidos rija para la ciudadanía colombiana», manifestó.
También sostuvo que no ha pensado vivir en Sierra del Moral. «Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero», dijo. Además, señaló que planea vender la vivienda en la que reside actualmente y comprar otra de menor tamaño, porque sus hijos ya no viven con él.
La discusión deja una señal incómoda para cualquier propietario: cuando la política entra al condominio, el costo potencial no es retórico. Hablan de desvalorización, de inseguridad jurídica y de privacidad, tres variables que el mercado inmobiliario no perdona.
El fondo del asunto es simple. Los residentes reclaman reglas claras antes de que una decisión pública termine afectando su patrimonio; Petro, por su parte, niega que vaya a instalarse allí y pone el foco en la soberanía frente a una norma estadounidense. En ambos casos, el desenlace muestra cómo la incertidumbre regulatoria y la exposición política pueden alterar el valor de un activo antes de que exista una transacción.
