El kirchnerismo presentó en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para endurecer el marco sobre las apuestas online en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, prevé sanciones, restricciones a la publicidad y nuevos aportes obligatorios para financiar políticas de salud mental, entidades de bien público y deporte.
Según el texto, el objetivo es «establecer un régimen integral para la prevención y el abordaje de los riesgos y daños asociados a las apuestas en línea; regular su acceso, funcionamiento, publicidad, promoción y patrocinio y destinar recursos provenientes de la actividad al financiamiento de políticas sanitarias, comunitarias y deportivas en la Provincia de Buenos Aires».
Fuentes de Unión por la Patria indicaron a LA NACION que la intención es empezar a tratar la iniciativa en comisiones para aprobarla «antes de fin de año».
Uno de los puntos centrales es la exigencia de que las empresas tengan capital social de «origen nacional» en su totalidad. Además, el proyecto plantea que las compañías aporten el «100%» del monto invertido en publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra actividad destinada a captar nuevos jugadores.
Ese dinero se administrará a través del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía, destinado a financiar acciones de prevención, asistencia y tratamiento del juego compulsivo, problemático o patológico. Según el texto, los recursos se usarán para campañas de prevención, detección temprana, acompañamiento y capacitación de profesionales y equipos de salud.
De ese aporte publicitario, el 70% se coparticipará entre los municipios bonaerenses y el 30% restante irá al Ministerio de Salud bonaerense. También se crea un aporte mensual del 3% sobre la totalidad de los premios obtenidos en cualquiera de las modalidades de apuestas en línea. Ese dinero financiará el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.
Del 3%, el 85% se destinará a asociaciones civiles, clubes de barrio, sociedades de fomento, centros culturales y centros de jubilados pensionados sin fines de lucro; el 15% restante irá a becas para deportistas de alto rendimiento.
Tignanelli sostuvo que «se tocan grandes intereses» y que «estas empresas todos los meses sustraen de la economía de la provincia una suma exorbitante». También afirmó que «más del 70 de las utilidades se giran al exterior» y que «es necesario regularlas, controlarlas y hacer que empiecen a pagar».
El proyecto también avanza sobre las apuestas clandestinas. La sanción más grave prevista es la revocación de la licencia si se verifica la participación de un menor por incumplimiento de los mecanismos de identificación, verificación de edad o control. Para eso, se crea la Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, dentro de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Si hay elementos para acreditar una actividad sin autorización, el juez podrá ordenar en seis horas y sin audiencia previa la clausura preventiva de establecimientos, el bloqueo del sitio web y aplicaciones, la suspensión de medios de pago y el retiro de publicidad.
En publicidad, toda campaña necesitará autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Quedará prohibida la propaganda dirigida a menores y la difusión en plataformas destinadas principalmente a niños. Además, la actividad deberá identificarse como «apuestas en línea» y no podrá usar la palabra «juego» ni imágenes o símbolos que la presenten como entretenimiento.
Para los usuarios, las cuentas serán personales e intransferibles y los operadores deberán impedir el uso por terceros mediante reconocimiento biométrico facial en tiempo real. También habrá límites a los depósitos y cierre automático de sesión tras una hora de apuestas, con bloqueo de ingreso durante la hora siguiente.
La discusión deja una señal clara para el sector: más intervención estatal, más costos y menos margen para operar con libertad comercial. En nombre de la salud mental y del control, la provincia vuelve a poner sobre la mesa el peso del aparato regulatorio sobre una actividad que ya enfrentaba fuertes restricciones.
El mercado ya votó: cuando el Estado sube barreras, encarece el capital y reduce incentivos. Aquí el costo recae sobre las empresas, pero también sobre los usuarios y sobre una economía que depende de reglas previsibles, no de parches punitivos y nuevos fondos administrados por la burocracia.
