En Perú, el reforzamiento de viviendas autoconstruidas empieza a buscar un lugar propio dentro de un mercado que moviliza alrededor de S/25.000 millones al año, según un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo, elaborado por encargo de ADI Perú y presentado en la Expo Real Estate Perú 2024.
Ese monto equivale al 4,1% del Producto Bruto Interno y deja claro el peso económico de la autoconstrucción en el país. También muestra un problema de fondo: una actividad que sostiene la demanda de materiales y mano de obra, pero en la que el reforzamiento estructural todavía tiene margen para crecer.
La dimensión social y técnica del fenómeno es grande. El estudio citado en la nota señala que el 71% de las viviendas urbanas del país fue edificado mediante autoconstrucción y que cerca de 2,9 millones de inmuebles permanecen en proceso de obra. Además, el 94% de estas edificaciones se realiza con maestros de obra y sin supervisión técnica ni planos aprobados.
Para Franz Baumann, director de Swisscontact, esa brecha representa una oportunidad para transferir conocimientos técnicos y generar ingresos para los maestros de obra que accedan a capacitaciones y certificaciones en reforzamiento de viviendas. La fundación suiza impulsa el proyecto Vivienda Progresiva en Villa María del Triunfo, donde capacita a maestros de obra y orienta a propietarios sobre la evaluación y el reforzamiento de sus viviendas.
La iniciativa también contempla intervenciones en Ancón y una eventual adaptación en provincias de Arequipa, según Baumann. El trabajo se desarrolla con Sencico y Capeco, entidades que ajustan los cursos técnicos a las fallas más frecuentes de las viviendas autoconstruidas.
El proyecto reportó la capacitación de más de 6.500 maestros de obra y de más de 50.000 propietarios de viviendas. Según Baumann, una encuesta breve entre los trabajadores certificados identificó un aumento promedio de 20% en los contratos.
En paralelo, aparece el factor financiero. Baumann señaló que varias entidades evalúan productos crediticios orientados al reforzamiento de viviendas, en lugar de concentrarse únicamente en la compra de inmuebles nuevos. La alternativa permitiría que las familias no dependan solo de sus ahorros y reduzcan plazos de obras que, en algunos casos, toman entre 15 y 20 años.
El punto de fondo es simple: cuando el crédito no acompaña y la supervisión técnica escasea, la vivienda se termina levantando a pulso, pero también con más riesgo. Capital busca reglas claras, y en un país expuesto a sismos la seguridad estructural no debería quedar postergada por falta de financiamiento o por la costumbre de crecer sin evaluación previa.
También hay un ángulo de productividad. Si el reforzamiento se convierte en un servicio reconocible dentro de la autoconstrucción, puede crear empleo más calificado y contratos más estables para los maestros de obra. Eso beneficia al propietario, al trabajador y al mercado formal de la construcción.
El desafío es que esa transición no quede atrapada en la informalidad de siempre. La oportunidad existe, pero dependerá de que la capacitación se conecte con crédito accesible y con una demanda sostenida por viviendas más seguras.