Panamá tiene, según la fuente, conectividad aérea, dos océanos, playas, montañas, naturaleza, cultura, un Canal conocido mundialmente y una infraestructura bastante desarrollada. El problema no es la falta de atractivos, sino cómo convertir esas ventajas en más inversión, empleo y desarrollo, especialmente fuera de la Ciudad de Panamá.
Ese es el propósito que se atribuye a la nueva Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, que ya está en la Asamblea Nacional. La propuesta busca modernizar el sistema actual y reemplazar el esquema de la Ley 80 de 2012. También unifica varias normas existentes y plantea reglas más claras sobre qué inversiones se quieren incentivar, dónde se desarrollarán y qué controles deben existir.
Un punto central es que los incentivos no serían iguales para todo el país. La idea es dar mayores beneficios a las regiones con mayor necesidad de inversión y donde un proyecto turístico pueda tener un impacto más fuerte en la economía local. La propia propuesta menciona zonas con una brecha de desarrollo más grande, incluido el Caribe panameño.
La lógica es clara: durante años, una parte muy grande de la inversión se ha concentrado en la capital. El interior, en cambio, sigue necesitando hoteles, pequeños proyectos turísticos, restaurantes, marinas y nuevas actividades que permitan al visitante quedarse más días y gastar dinero dentro de esas comunidades. Ahí está el verdadero retorno económico.
La iniciativa también amplía el tipo de actividad que se quiere incentivar. Ya no se trata solo de hoteles. Se incluyen turismo náutico, reuniones y convenciones, ecoturismo, naturaleza y turismo cultural, además de la modernización de establecimientos existentes. Para un país que busca capitalización privada, esa amplitud importa.
Pero los incentivos, por sí solos, no bastan. La propuesta incorpora fiscalizaciones, fianzas de cumplimiento, trazabilidad de bienes exonerados, evaluación de costo-beneficio y una Ventanilla Única Turística para reducir trámites y dar mayor claridad al inversionista. Capital busca reglas claras, y el Estado también debe saber qué recibe a cambio del dinero de los contribuyentes.
Otro eje es el ITBMS de 15% para los alquileres turísticos de corta duración, incluidos los ofrecidos directamente o mediante plataformas digitales. La propuesta no pretende favorecer a los hoteles ni perjudicar a Airbnb o a quienes invirtieron en apartamentos para alquiler vacacional. Sí parte de una diferencia real: los hoteles cargan con una estructura de costos, empleos formales, obligaciones laborales, seguridad, recepción, mantenimiento, tarifas comerciales de servicios públicos, permisos y fiscalización.
El autor también subraya la seguridad del huésped, con sistemas de alarmas contra incendios, cámaras de vigilancia y otros equipos de life safety. Sobre esa base, considera razonable una diferencia tributaria para los alquileres de corta duración. El mercado ya votó: si dos negocios compiten por el mismo turista, ambos deben contribuir de manera adecuada al Estado.
La lectura de fondo es favorable a ordenar el sector con menos arbitrariedad y más inversión donde realmente falta. Si la ley logra sacar recursos de la capital y llevarlos al interior, el país puede ampliar empleo, actividad y productividad sin depender de más burocracia. Si, en cambio, se queda en una arquitectura de controles sin ejecución efectiva, el costo lo pagará otra vez el contribuyente.
