La Asamblea Nacional de Panamá analiza una reforma a la Ley 6 que endurece el régimen contra las distribuidoras eléctricas. La propuesta permitiría que las empresas pierdan sus concesiones si no cumplen con los estándares de calidad del servicio.
El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, expusieron los alcances de la iniciativa en un programa televisivo. Rodríguez J. sostuvo que «tiene que llegarle a la empresa una señal económica».
De acuerdo con la propuesta, las empresas enfrentarían consecuencias económicas cuando el servicio presente deficiencias. También incorpora cinco causales para cancelar los contratos de concesión, todas vinculadas con obligaciones de calidad y expansión del servicio eléctrico.
Zelmar Rodríguez explicó que entre esas causales figuran el incumplimiento de los indicadores establecidos, las metas de electrificación rural y las inversiones que las compañías deben ejecutar con base en el ingreso máximo permitido. La funcionaria afirmó que «la ley se tiene que cumplir, esté quien esté».
La reforma también eleva a rango de ley la figura del interventor. Según las autoridades, esa herramienta permitiría una actuación formal cuando haya problemas que comprometan la prestación del servicio.
Otro cambio relevante es que las distribuidoras deberán acatar primero las decisiones de la ASEP antes de recurrir a los tribunales. La medida apunta a reducir demoras en procesos que, según el planteamiento oficial, pueden extenderse por años. Además, la reforma busca que las decisiones regulatorias tengan aplicación inmediata en asuntos como compensaciones por daños a aparatos eléctricos causados por fluctuaciones de voltaje y créditos derivados de sanciones que deben reflejarse en la factura del cliente.
El proyecto también busca extender el suministro a cerca de 58 mil familias que todavía viven sin acceso a la red. Rodríguez J. dijo que casi el 5% de las viviendas del país no tiene servicio porque está en lugares que las empresas consideran poco rentables.
La Oficina de Electrificación Rural y la Secretaría Nacional de Energía identificarán esas zonas, mientras la ASEP trasladará la obligación a las compañías. Rodríguez J. sostuvo que las dificultades geográficas y los costos han dejado fuera a numerosas poblaciones.
El secretario rechazó que la creación de comercializadores independientes sea una vía para abaratar el servicio. A su juicio, esa alternativa podría concentrar los beneficios en los clientes de mayor consumo. También advirtió que cerca del 90% de los usuarios son residenciales y definió ese posible efecto como un «descreme» del mercado eléctrico.
En el fondo, la discusión no es técnica: es quién asume el costo de una red que el mercado no ha querido expandir por sí solo. Si el Estado panameño va a exigir cobertura universal, también tendrá que hacer valer reglas claras, sin privilegios regulatorios ni demoras judiciales que terminen castigando al usuario.
Capital busca reglas claras. Cuando el servicio falla y el margen se protege antes que la inversión, el ajuste regulatorio deja de ser una opción y se vuelve una obligación. La señal que salga de esta reforma dirá si Panamá prioriza la continuidad del servicio o la comodidad de las concesiones.