El sistema de Pago Móvil concentra 63 % de todas las transacciones financieras en Venezuela, informó Richard Ujueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e).
La cifra supera los registros de los puntos de venta tradicionales. Ujueta destacó que el sector pasó de procesar alrededor de 6.000 transacciones por minuto en 2023 a superar las 8.500 para junio de 2026.
De acuerdo con las proyecciones de Cavecom-e, el volumen total acumulado a través del Pago Móvil podría situarse en torno a los 70.000 millones de dólares para finales de año.
Ujueta vinculó el aumento de las operaciones con la incorporación de sectores de la economía informal al sistema financiero y tributario. En esa misma línea, resaltó las acciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), organismo encargado de cruzar datos bancarios y tributarios.
Según Ujueta, el Seniat busca incorporar a la formalidad a más de 3,5 millones de vendedores informales y usuarios en redes sociales que actualmente no realizan el pago de impuestos.
El dato central no es solo tecnológico. Lo relevante es que una mayor porción de la actividad económica está entrando en circuitos donde deja rastro, puede ser medida y, sobre todo, puede ser gravada por el aparato estatal. Para el mercado, eso mejora la trazabilidad; para el contribuyente, también significa más vigilancia tributaria.
Capital busca reglas claras. Cuando el dinero circula con menos fricción y más trazabilidad, la productividad puede mejorar y los flujos se ordenan mejor. Pero si esa formalización termina en una nueva capa de presión fiscal o burocrática, el incentivo puede invertirse rápidamente.
Los números primero. El hecho de que el Pago Móvil ya marque 63 % de las transacciones financieras muestra un cambio real en los hábitos de pago y en la infraestructura de consumo. El mercado ya votó por una herramienta que simplifica operaciones y desplaza a los canales tradicionales.
La pregunta de fondo es quién captura ese salto: el usuario, con más eficiencia; o el Estado, con más control y más capacidad de cobrar. En Venezuela, donde el Seniat busca incorporar a millones de actores informales, esa tensión define buena parte del valor económico de la digitalización.