Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), lanzó una advertencia dura sobre el mercado de gas en Colombia: el país enfrentará «seis, siete años» de escasez y no hay una solución rápida a la vista con gas venezolano ni con el proyecto Sirius.
Durante su intervención en el foro Energía para volver a crecer, convocado por Anif y CREE, Ortega dijo que las expectativas sobre una salida inmediata son falsas. «Es paja, eso no se va a resolver», afirmó, al insistir en que el problema no responde a un accidente, sino a decisiones tomadas antes sobre el mercado.
El directivo también puso el foco en el frente financiero de la cadena energética. Aseguró que todavía no hay certeza sobre el pago de las deudas que tiene el Estado con diferentes integrantes del sector y calificó de «ridículo» que hoy no se sepa si el Gobierno va a pagar una deuda que, según él, es del Gobierno.
Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue Air-e, la distribuidora del Caribe intervenida por el Estado. Ortega dijo que el GEB ha tenido que realizar provisiones cercanas a $300.000 millones por las obligaciones de esa compañía, que acumula deudas cercanas a $5 billones con acreedores del sector eléctrico, entre ellos generadores y transmisores.
En su lectura, el problema no es solo de abastecimiento sino también de reglas y cumplimiento. Sostuvo que debería existir un documento Conpes que establezca cómo el Gobierno asumirá las obligaciones relacionadas con la empresa. «Ya debería existir un documento Conpes que dijera que el Gobierno honra las obligaciones de una empresa que manejó», agregó.
Ortega sumó otro factor de presión: los bloqueos. Dijo que el sector energético ha enfrentado 150 bloqueos en los últimos meses, con pérdidas de $20.000 millones, porque frenan obras, paralizan cuadrillas y detienen equipos. También cuestionó que, a su juicio, bloquear o no hacer no tenga castigo.
El diagnóstico deja una señal incómoda para el aparato estatal: sin seguridad jurídica, sin ejecución de obras y sin pago oportuno de las obligaciones públicas, el déficit se convierte en una cadena de costos para empresas, usuarios y contribuyentes. El mercado ya votó: cuando las reglas no se cumplen, el capital se retira o exige un margen mayor para entrar.
Lo que está en juego no es solo el gas. Es la capacidad del país para sostener inversión en infraestructura energética sin que la burocracia, los bloqueos y la incertidumbre financiera terminen castigando la productividad. Capital busca reglas claras, y hoy Ortega dice que esas reglas siguen sin aparecer.
