California volvió a poner el foco en la inmigración federal con una decisión de alto impacto fiscal. Gavin Newsom firmó una ley que impone un impuesto de 25% a los centros de detención privados que operan en el estado y trabajan con Immigration and Customs Enforcement, ICE.
Newsom justificó la medida en una declaración oficial: «Si no podemos expulsar a las instalaciones privadas, atacaremos sus ganancias». El gobernador ha presentado el movimiento como una respuesta a la ofensiva migratoria de Donald Trump y a la práctica de privatizar la ejecución federal.
La ley, AB 1633, forma parte de un paquete de 20 proyectos firmados el martes. En su redacción actual, el gravamen de 25% se aplica al ingreso bruto de cualquier centro de detención privado y alcanza a contratistas federales, estatales y locales. Los ingresos se destinarán a un fondo llamado «Due Process for All Fund», orientado a servicios relacionados con inmigración, según el texto legal.
La entrada en vigor quedó fijada para el 1 de julio de 2028. En paralelo, Newsom firmó otras restricciones, aunque la fuente no detalla aquí su contenido completo.
La reacción llegó desde el lado contrario. Hans von Spakovsky, investigador legal sénior de Advancing American Freedom, sostuvo que el propósito real del impuesto es cerrar el paso a la capacidad privada de alojamiento para el gobierno federal. «Está muy claro que solo hay un propósito para este gigantesco aumento de impuestos de California, y es asegurarse de que el gobierno federal no pueda encontrar propietarios privados ni contratistas privados en California dispuestos a arrendar espacio al gobierno federal», dijo en una entrevista con Fox News Digital.
Von Spakovsky añadió que la alternativa para el gobierno federal sería revisar propiedades federales propias en las que California no puede imponer impuestos, y evaluar si algunas pueden convertirse en instalaciones de detención. Señaló incluso que eso podría incluir almacenes u oficinas.
El dato económico central es simple: el Estado de California eleva el costo de operar sobre una actividad vinculada a la ejecución migratoria federal. Para el gobierno, el impuesto puede convertirse en una herramienta de presión; para los contratistas privados, en una carga adicional sobre sus márgenes y su flujo de ingresos.
Para el mercado, el mensaje también es claro. Cuando la política usa el sistema tributario como palanca para torcer decisiones operativas, el resultado no es neutral: sube el riesgo regulatorio y se reduce la previsibilidad para quienes aportan capital, infraestructura y capacidad instalada.
El debate de fondo no es solo migratorio. También es institucional. Si un estado puede gravar de forma agresiva a proveedores privados que colaboran con el gobierno federal, la señal para la libre empresa es que el marco regulatorio puede cambiar para castigar sectores específicos por razones políticas. Capital busca reglas claras. Aquí, otra vez, el mercado ya votó: donde sube la incertidumbre, cae el apetito por invertir.
