El Senado sesionará este jueves, a partir de las 12, con una agenda acotada y dos temas sensibles para el Poder Ejecutivo. El principal es la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que sufrirá modificaciones y por eso no será ley: deberá volver a Diputados en segunda revisión.
Los cambios fueron confirmados por Patricia Bullrich, líder del bloque oficialista en la Cámara alta, al término de la reunión de jefes de bloque. La novedad recorta la ambición original del proyecto impulsado por Javier Milei, que buscaba blindar al BCRA con una cláusula para remover directores solo con el voto de los dos tercios de ambas cámaras.
En el recinto, ese texto será reemplazado por otro que exigirá mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente. Además, se excluirá a Diputados del proceso, que quedará limitado al Senado por ser la cámara que tiene la facultad constitucional de nombrar a los miembros de la conducción del banco.
La reforma del Central fue presentada por el propio Milei como una prioridad legislativa. Su eje es cambiar el objetivo principal de la autoridad monetaria para preservar el valor de la moneda y eliminar metas fijadas durante el kirchnerismo, entre ellas la preservación del empleo y del desarrollo económico con equidad social.
También restringe la posibilidad de financiamiento al Tesoro, al prohibir adelantos transitorios, limitar la compra de títulos públicos y acotar el uso de emisión monetaria para cubrir desequilibrios fiscales. En la práctica, el Gobierno quiere un Central más atado a la disciplina monetaria y menos disponible para financiar al fisco.
El otro proyecto en discusión es el de zonas frías, que modifica la ley sancionada en 2021 por el kirchnerismo para recortar los subsidios al gas en amplios sectores del país. La propuesta reduce el alcance geográfico automático del esquema y reserva la cobertura subsidiada para regiones de frío más extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
El oficialismo propone además focalizar los beneficios por nivel de ingresos y según condiciones de vulnerabilidad. Los hogares alcanzados por parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarían expuestos a una reducción o eliminación del descuento.
Para el Gobierno, la discusión es fiscal y también política. Considera que el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente. Del otro lado, kirchnerismo y fuerzas provinciales advierten que la reforma puede derivar en fuertes aumentos de tarifas para hogares y actividades económicas con consumos altos de gas.
La lectura de fondo es clara: el oficialismo empuja una agenda de disciplina monetaria y ajuste de subsidios para cuidar el superávit fiscal. Eso beneficia a la caja pública, pero traslada tensión a usuarios, provincias y a una red de beneficios que el Estado había expandido sin sostén claro.
Capital busca reglas claras. Cuando el aparato estatal reduce privilegios y frena el financiamiento monetario, mejora el marco para la inversión y baja el riesgo país. El costo político es inmediato; el premio, si la reforma avanza, es una economía menos dependiente del subsidio y de la emisión.
