México ocupa una posición más importante de lo que parece en la nueva geografía energética de América del Norte. El gas natural producido en Texas cruza la frontera, atraviesa el país y busca salida hacia Asia por los puertos del Pacífico. La pregunta de fondo es simple: ¿el país será solo un puente o podrá capturar capitalización industrial?
La controversia alrededor de Amigo LNG, en Guaymas, Sonora, pone el debate en primer plano. El proyecto contempla una inversión anunciada de 6,800 millones de dólares. No es el único caso. En el Pacífico mexicano se han planteado otros proyectos para recibir gas de la Cuenca Pérmica, licuarlo y enviarlo a Japón, Corea del Sur, China y otros mercados asiáticos. En julio de este año, Energía Costa Azul, en Baja California, realizó su primer embarque comercial de gas natural licuado hacia Asia. El corredor Texas-México-Asia ya existe.
Los números muestran la dependencia. Las exportaciones de gas por ducto de Estados Unidos hacia México promediaron 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios en 2024 y alcanzaron un récord mensual de 7.5 mil millones en mayo de 2025. La economía mexicana se ha vuelto profundamente dependiente del gas barato estadounidense. Ahora aparece una segunda función: reexportar ese mismo gas hacia Asia.
Para Estados Unidos, la lógica es clara. Usar la costa mexicana del Pacífico acorta y diversifica las rutas hacia los mercados asiáticos. Para México, la pregunta es otra: ¿qué obtiene a cambio? Si la participación se limita a ofrecer territorio, gasoductos, puertos y terminales, mientras asume riesgos ambientales, el país repetiría un patrón viejo. Entraría en las cadenas globales sin capturar suficiente valor agregado.
El territorio involucrado tampoco es menor. El Golfo de California constituye uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta. Los cuestionamientos sobre los efectos acumulativos de las terminales de GNL, los buques metaneros y la infraestructura asociada deben tomarse con seriedad. En el caso de Amigo LNG, la autorización ambiental está sometida a revisión judicial. México necesita inversión, energía e infraestructura, pero también preservar su patrimonio natural.
La oportunidad existe si el proyecto deja de verse como simple tránsito. Una inversión de 6,800 millones de dólares no debería medirse solo por el capital que entra, sino por lo que deja en proveedores mexicanos, ingeniería nacional, empleos especializados, infraestructura regional y capacidades tecnológicas. Sonora tiene condiciones para eso. Guaymas podría articularse con manufactura metalmecánica, construcción y mantenimiento naval, ingeniería energética, fabricación de tuberías y válvulas, sistemas eléctricos, automatización y servicios especializados.
La discusión también abre una opción más amplia. Sonora reúne condiciones solares, minerales estratégicos, base manufacturera, cercanía con Arizona y acceso ferroviario y portuario. Con esa combinación, podría construirse un corredor energético-industrial Sonora-Arizona. Ahí el gas sería un combustible de transición, no el destino final de la política energética.
La clave está en no convertir estos proyectos en nuevos enclaves energéticos. Si México pone territorio, infraestructura portuaria y acceso estratégico al Pacífico, y además asume costos y riesgos ambientales, la contraprestación no puede quedarse en derechos portuarios. Tiene que traducirse en infraestructura regional, formación de trabajadores, universidades tecnológicas, investigación energética, desarrollo de proveedores y conservación ambiental.
El mercado ya votó por esta ruta. Ahora falta saber si el Estado mexicano la usará para elevar productividad o para conformarse con pasar moléculas. Capital busca reglas claras. Sin ellas, el país puede terminar moviendo gas ajeno sin construir la riqueza propia que esa posición geográfica permite.
