México enfrenta un déficit estructural en energía que, según Gonzalo Monroy, ya está pegando en la economía real. El director general de GMEC dijo que el país tiene «infraestructura de 2018» para atender una demanda de 2026, una brecha que, en su diagnóstico, explica apagones y retrasos acumulados en la inversión de la CFE.
Monroy advirtió que la empresa eléctrica pública va «corriendo contrarreloj» con cerca de tres años de retraso en sus inversiones. También señaló que la transmisión sigue siendo un monopolio reservado al Estado desde 1960, en un sistema donde los avances han sido mínimos frente al ritmo de consumo actual.
El especialista planteó que la saturación y la falta de redes ya tienen un costo económico directo. Dijo que zonas industriales clave e inversionistas de centros de datos que buscan instalarse en Querétaro, Durango y Coahuila se encuentran con negativas de suministro inmediato por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que los orilla a desviar sus capitales hacia países como Panamá o Costa Rica.
En su diagnóstico, el problema no se limita a la generación de energía, sino a su transporte. Monroy subrayó que ninguna economía respetable puede operar al 100% con fuentes intermitentes como la solar o la eólica sin un respaldo firme. También reconoció que México tiene un potencial geográfico extraordinario para la energía eólica y solar, pero advirtió que la falta de una planeación flexible y realista sigue ahuyentando al capital privado.
«La CFE y la Secretaría de Energía han errado cuando hablan de la planeación vinculante», criticó Monroy, al señalar que hay factores fuera de control del gobierno, como los tiempos de entrega de turbinas a nivel global. Añadió que la Secretaría de Energía «piensa que vivimos en un mundo donde lo que se dice se cumple».
Para el economista, el punto de quiebre es conceptual: México necesita aceptar que la «estabilidad simulada» ya no le sirve y que hace falta una inyección urgente de recursos y competencia en el sector. Su conclusión fue tajante: «Estamos en déficit y tenemos la infraestructura de 2018 con la demanda de 2026. Vamos retrasados, vamos tarde. La energía más cara es la que no se tiene».
La lectura de fondo es clara: cuando el aparato estatal no invierte a tiempo, la economía paga la factura en productividad perdida, menor capitalización y proyectos que se van a otra parte. El mercado ya votó con los pies: si no hay reglas claras, red suficiente y suministro confiable, el flujo de inversión busca otro destino.
México no puede darse el lujo de convertir la energía en un cuello de botella permanente. La libertad para invertir y producir depende de algo básico: que la infraestructura deje de ir años por detrás de la demanda.
