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México multa con 500.000 pesos a Penguin por un libro y abre un choque por censura

El IMPI sancionó a Penguin Random House por la publicación de «Todo a la luz», obra sobre los abusos denunciados en el caso Gloria Trevi y Sergio Andrade. La editorial advierte que la resolución puede inhibir el periodismo y la crítica en México.
Imagen generada con IA
jueves 1 de octubre de 2026

En México hay una disputa legal entre Penguin Random House y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por la publicación de Todo a la luz, un libro sobre los abusos denunciados en el caso Gloria Trevi y Sergio Andrade.

La editorial demandó al IMPI, organismo público encargado de administrar y proteger los derechos de propiedad industrial, por una multa vinculada a la obra escrita por Karla de la Cuesta, una de las víctimas del caso. El conflicto se remonta a 2024, cuando fue publicado el libro.

Trevi presentó entonces una queja ante el IMPI al sostener que en el libro se mencionaba su nombre y aparecían fotografías suyas. En un primer momento, el instituto desestimó el caso, pero en julio de este año cambió de criterio y aplicó a Penguin una multa de 500.000 pesos mexicanos, con la advertencia de que las medidas podrían aumentar si se sigue distribuyendo el título.

Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de Penguin Random House en México, dijo que la resolución del IMPI «crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística» y que nadie podría usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. La editorial añadió que esto generará un efecto inhibidor sobre el periodismo y la crítica en México.

En Todo a la luz, De la Cuesta expone testimonios de víctimas del caso y Penguin sostiene que las menciones a Trevi se deben a que también aparece en los expedientes judiciales en los que se basa el libro. Sobre las fotografías, la compañía afirma que provienen de archivos de periódicos publicados hace varios años y que, por tanto, son de conocimiento público.

El escándalo alrededor de Gloria Trevi y Sergio Andrade comenzó a hacerse público en los años noventa, cuando surgieron denuncias de abusos sexuales, violencia y explotación contra jóvenes que formaban parte del grupo de artistas y coristas reunido por el productor alrededor de la cantante. Según las acusaciones que han surgido desde entonces, Andrade utilizaba la carrera de Trevi y su proyecto de formación musical para acercarse a niñas y adolescentes. Algunas denunciantes también han señalado a Trevi como parte de esa dinámica, mientras que la cantante ha sostenido que ella misma fue víctima de su exmánager.

El caso volvió a ser noticia internacional en 2000, cuando Trevi y Andrade fueron detenidos en Brasil después de una orden de arresto de Interpol. La artista permaneció cuatro años en prisión y fue absuelta en 2004, sin cargos en su contra. Andrade, por su parte, fue condenado a siete años de prisión por violación y corrupción de menores.

Trevi ha asegurado en varias ocasiones que habría sido manipulada por el productor musical y ha relatado abusos físicos, psicológicos y sexuales, además de abortos forzados. En diciembre de 2023 presentó una demanda civil en California contra él, en la que lo llamó «verdadero depredador» y describió una relación marcada por golpizas, castigos, violaciones y control económico.

También sostuvo que fue obligada a abortar en Estados Unidos durante los años noventa y que Andrade se quedaba con el dinero que ella generaba. Esas declaraciones han generado controversia junto con señalamientos de antiguas integrantes del grupo que sostienen que la cantante tuvo responsabilidad en algunos de los abusos que sufrieron.

La pelea trasciende el libro y toca un punto sensible para cualquier mercado: qué tanto margen existe para investigar, publicar y criticar sin que el aparato estatal termine actuando como censor. Cuando una multa de 500.000 pesos mexicanos se convierte en el mensaje dominante, el costo no lo paga solo una editorial; también lo asumen el debate público, la prensa y la libre circulación de información.

Capital busca reglas claras. Si la resolución del IMPI se consolida como precedente, el incentivo no será más transparencia, sino más autocensura. Y cuando el derecho de publicar depende del permiso previo de quien es mencionado, pierde el lector, pierde el periodismo y gana la burocracia.

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