El encarecimiento de los cigarros por el alza del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, combinado con la falsificación, el contrabando y el robo de camiones con cigarros legales, está dejando una pérdida fiscal de alrededor de 27 mil millones de pesos, calculó Carlos Matienzo, especialista en seguridad de Data Int.
La magnitud del golpe cambia según la fuente consultada. Conainta estima en un estudio de 2026 que la evasión fiscal asociada al comercio ilegal de cigarros alcanzará 23 mil millones de pesos al año, al considerar que el mercado ilícito representa 26 por ciento del consumo nacional. El Instituto Politécnico Nacional calcula una pérdida de recaudación de 26 mil 700 millones de pesos anuales, debido a que 28 por ciento del consumo de cigarros correspondería a productos ilegales.
KPMG, por su parte, calculó para 2025 un quebranto al SAT de mil 314 millones de dólares, equivalente a alrededor de 23 mil a 24 mil millones de pesos, según el tipo de cambio utilizado. Ese análisis estimó que se consumieron 9 mil 190 millones de cigarros ilícitos, equivalentes a 23.3 por ciento del consumo total.
Fuentes de la industria señalan que los impuestos representan 70 por ciento del precio de los cigarrillos en México. Bajo esa lógica, el alza del IEPS en 2026 llevó algunas cajetillas de 80 pesos a rondar los 110 pesos, sin producir el efecto recaudatorio que buscaba Hacienda.
La explicación que dan los industriales del tabaco es directa: la demanda es inelástica. La gente no deja de fumar, pero una parte relevante sustituye cigarros originales por productos pirata o de contrabando para evitar el impuesto. El costo para el Estado es doble: pierde ingresos y fortalece un mercado que opera fuera de la ley.
En el Congreso Technovation, los expertos precisaron que los cigarros falsificados llegan a México desde Corea del Sur, China, Camboya y Japón, entre otros países. También advirtieron que en algunas regiones del país grupos de la delincuencia organizada, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, han entrado al negocio ilícito con marcas no registradas como Link, vendidas en estados como Durango, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas.
En paralelo, Philip Morris International dijo que México tiene 15 millones de fumadores adultos y que América Latina concentra más de 60 millones. Stefano Volpetti explicó que en la Ciudad de México la empresa ya está por encima del 7 por ciento en venta de productos libres de humo en un lapso de 4 a 5 años.
La lectura para el contribuyente es incómoda. Cuando el aparato estatal encarece demasiado un producto de consumo masivo, abre una puerta para la evasión y entrega mercado a la piratería y al contrabando. La recaudación prometida se evapora, pero el riesgo sobre la salud y la competencia legal permanece.
Capital busca reglas claras. Si Hacienda quiere más ingresos, el incentivo debe alinearse con la formalidad, no castigar al consumidor hasta empujarlo al mercado ilegal. Un esquema fiscal más razonable, como el que piden los industriales para productos menos nocivos, puede ser mejor para la recaudación y para la libre empresa que una carga que termina financiando a la delincuencia.