En la política chilena, el nombre de una ley puede ser casi tan relevante como su contenido. Así lo admitió la senadora PS Paulina Vodanovic, quien recordó en Madrid que la megarreforma, cuyo corazón era la baja del impuesto a las empresas y la invariabilidad tributaria, se presentó como «Ley para la Reconstrucción Nacional».
«Evidentemente, nadie podría estar en contra de la reconstrucción», dijo Vodanovic, al subrayar que el título ayudaba a enmarcar un paquete legislativo con materias controversiales. La discusión no quedó ahí. En el mismo panel del ChileDay, la senadora RN Paulina Núñez relató que, al hablar de la reforma al mercado de capitales, también se discutía si el proyecto debía llamarse «Mercado de Capitales» o «Chile Propietario».
El caso ilustra una lógica conocida en el mundo político y financiero: quien nombra intenta definir el problema, la solución y el terreno en que se librará la discusión. Carlos Correa, ex subdirector de la Secom de Michelle Bachelet, resumió esa tensión como una disputa por la hegemonía. Christián Rendic, ex director de la Secom en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, dijo que los nombres son «relevantes, pero no determinantes» y que un título fácil de recordar, como PGU o Ley Antiportonazo, ayuda a ordenar la comunicación.
Pablo Halpern, ex jefe de la Secom con Eduardo Frei, puso el foco en el frame o marco: ese encuadre define, sin decirlo explícitamente, cuál es el problema, quién es el responsable y qué solución parece razonable. Tatiana Klima, ex jefa de comunicaciones del Presidente Gabriel Boric, sostuvo que ese encuadre determina qué preguntas parecen razonables y cuáles no.
La evidencia comparada también aparece en el debate. Un ex alto funcionario piñerista recordó que Javier Milei bautizó su paquete de reformas como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Otro ejemplo citado fue la Inflation Reduction Act de Joe Biden, nombre que, según Halpern, eligió el frame más conveniente. También se mencionó el Obamacare, que terminó siendo adoptado por Barack Obama, y la One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump, junto con el Liberation Day al subir aranceles a casi todo el mundo.
Pero el caso chileno muestra además un límite claro: el mejor nombre no salva un mal proyecto. Halpern recordó que en Colombia, en 2021, la Ley de Solidaridad Sostenible no evitó las protestas ni el retiro de la reforma.
En Chile, los títulos oficiales han acompañado reformas tributarias con lógicas distintas. La presentada por Boric en julio de 2022 se llamó «Reforma Tributaria Hacia un Pacto Fiscal por el Desarrollo y la Justicia Social», pero fue rechazada en marzo de 2023. En 2024, el nuevo proyecto llegó sin la promesa de justicia social en el título. Piñera, en 2018, presentó un proyecto que «Moderniza la Legislación Tributaria». Bachelet, en 2014, optó por un nombre más técnico: «Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario».
Los números primero. La lección es simple: el Estado puede intentar vender una ley con una etiqueta amable, pero el mercado político termina cobrando por el contenido. Capital busca reglas claras, no solo nombres atractivos. Y cuando el fondo incluye impuestos, gasto o cambios regulatorios, el contribuyente y la inversión pagan la cuenta real, más allá del empaque comunicacional.
El punto de fondo es que la política sigue usando el lenguaje como herramienta de poder. Eso importa porque el marco inicial puede inclinar la conversación, pero no reemplaza la aritmética legislativa ni la resistencia ciudadana. La burocracia puede bautizar un proyecto; el mercado y el Congreso, al final, le ponen el precio.
