La entrada en vigencia de la Ley 540 de 2 de julio de 2026 cambia el mapa del comercio informal en Panamá. La norma formaliza la buhonería, crea el Registro Nacional de Buhoneros y la figura del permiso de acreditación de buhonero autorizado.
Pero el punto central es otro: la ley reserva ese comercio a los ciudadanos panameños, por nacimiento o por naturalización. Quienes no tengan esa condición y sigan vendiendo en calles, avenidas, aceras o servidumbres públicas quedan expuestos a decomisos de mercancía y multas.
El texto define la buhonería como toda actividad de comercio al por menor ejercida de forma informal en espacios públicos. Además, la restricción no nace ahora. El artículo 293 de la Constitución ya establecía que el comercio al por menor está reservado a los panameños por nacimiento y a los naturalizados que estén casados con panameño o panameña, o que tengan hijos panameños.
La nueva ley también otorga a los alcaldes la facultad de realizar operativos y decidir sobre los puestos instalados en servidumbres públicas. Esa potestad incluye ordenar desalojos cuando detecten ocupación irregular. En esos casos, el municipio deberá presentar una propuesta de formalización y reubicación para los afectados, con un plazo mínimo de seis meses para concretar el proceso.
La norma, además, dice que busca proteger a los vendedores frente a desalojos, ordenar el uso del espacio público e incorporar progresivamente a estos trabajadores a la economía formal, con capacitación y acceso a microcréditos. Durante años, la buhonería ha funcionado como sustento para miles de personas en zonas urbanas con acceso limitado al empleo formal.
Rafael Rodríguez, representante de la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá (Arena), respaldó el espíritu de la ley en una entrevista con TVN. Dijo que era positivo organizar la actividad, recuperar las servidumbres públicas y reordenar los espacios urbanos. Al mismo tiempo, pidió tomar en cuenta la realidad de los vendedores extranjeros que hoy dependen de ese comercio.
Rodríguez pidió a los alcaldes un periodo de transición. Solicitó permitir que estas personas sigan trabajando hasta enero, mientras buscan otras opciones de empleo. También advirtió sobre una posible nueva llegada de migrantes a Panamá en los próximos meses, al citar la situación política y económica de Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana.
El mercado ya votó: donde el Estado no pone reglas claras, el espacio público termina convertido en un conflicto permanente. Aquí hay una señal distinta. Panamá intenta ordenar, registrar y formalizar. Ese es el camino correcto, siempre que no se convierta en una trampa burocrática.
Lo importante para la inversión, la productividad y la convivencia es que la calle vuelva a tener reglas. Si el municipio ejecuta con plazos, reubicación y seguridad jurídica, gana el contribuyente y gana la ciudad. Si la aplicación se dilata, el costo vuelve a caer sobre peatones, comerciantes formales y el propio espacio público.