La Moneda sigue evaluando si retira su reforma constitucional en materia de seguridad, mientras intenta evitar que la decisión se convierta en un traspié político. El titular de Seguridad, Martín Arrau, dijo este martes que la opción está sobre la mesa, aunque el Ejecutivo aún analiza cuál es el mejor camino para avanzar en las herramientas que quiere incorporar al ordenamiento jurídico.
«Nosotros no nos enamoramos de una redacción particular», afirmó Arrau, al explicar que el objetivo del gobierno es contar con más herramientas para la segregación y segmentación penitenciaria por parte de Gendarmería y para el combate al crimen organizado. La iniciativa original contempla, entre otras medidas, un nuevo estado de excepción y restricciones a la entrega de beneficios estatales a condenados por crimen organizado.
El debate se aceleró después de que el lunes el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, y el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, transmitieran públicamente que el gobierno estaba dispuesto a retirar el texto para dar paso a una nueva propuesta, construida con aportes de legisladores de distintos sectores. En el Ejecutivo, sin embargo, incomodó que algunos senadores comunicaran una definición que todavía no está cerrada.
La posibilidad de bajar el proyecto fue conversada ayer, a primera hora, en el Comité de Seguridad de La Moneda, encabezado por el Presidente José Antonio Kast. En esa instancia participaron, entre otros, los ministerios del Interior, Seguridad, Justicia y Defensa. Allí se revisó la necesidad de buscar una salida a una tramitación que ha enfrentado reparos técnicos transversales y que además había provocado divisiones en el propio oficialismo.
El escenario quedó marcado también por el asesinato del cabo de Carabineros Cristopher Aguilera, hecho que llevó al Mandatario a insistir en la necesidad de generar acuerdos en materia de seguridad. En ese contexto, la fórmula que gana fuerza es retirar el texto original para que la Comisión de Constitución del Senado encabece una nueva propuesta, coordinada por Araya.
Con todo, en Palacio insisten en que la decisión dependerá de las características de esa iniciativa y de las herramientas que finalmente se acuerden. Arrau incluso planteó que, si una posible indicación o un nuevo texto ingresado por senadores potencia la discusión, el retiro podría materializarse.
El gobierno reconoce que esa salida corre con ventaja, pero también que implica un costo político para una reforma defendida varias veces por Kast y convertida en uno de los ejes de su agenda de seguridad. Por eso, La Moneda busca que el eventual retiro no sea interpretado como una derrota frente a la oposición.
Desde la óptica de Ágora Capital, el punto de fondo no es quién firma la redacción, sino si el aparato estatal logra entregar herramientas concretas para enfrentar al crimen organizado. Cuando el debate se atasca en la forma y no en el resultado, el costo lo termina pagando la seguridad de los ciudadanos y la credibilidad de las instituciones.
Capital busca reglas claras. Si el Senado logra destrabar una propuesta útil, el mercado político habrá premiado el pragmatismo por encima del simbolismo. Si no, seguirá la parálisis y con ella el riesgo de que el Estado vuelva a confundir control formal con capacidad real para hacer cumplir la ley.
