María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño presentaron solicitudes enfrentadas para registrar como marca el nombre de Miguel Uribe Turbay, el fallecido senador y precandidato presidencial víctima fatal de un atentado hace un año.
La decisión está ahora en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que deberá definir qué ocurre con el registro del nombre del exsenador.
La controversia comenzó en abril de 2026, según reveló Cambio, cuando Miguel Uribe Londoño solicitó ante la SIC el registro de «Miguel Uribe Turbay» como marca, dentro de la clase 35, que incluye servicios relacionados con publicidad, promoción política, gestión de negocios y actividades de carácter benéfico.
María Claudia Tarazona se opuso a esa solicitud. Dice que esos derechos hacen parte del patrimonio que debería heredar su hijo Alejandro. Este medio se contactó con la viuda, quien confirmó que sí tiene ese objetivo, pero señaló que no se iba a pronunciar al respecto «ya que son temas familiares sensibles. Por respeto a mis hijas y a Alejandro».
Por eso, en julio, Tarazona presentó su propia solicitud para registrar el nombre ante la SIC, relacionada con actividades de beneficencia, voluntariado, promoción de donaciones y participación política.
Así, dos solicitudes distintas buscan obtener derechos sobre una misma denominación.
Juan Felipe Acosta, director regional Latam en ClarkeModet, dijo que sería prematuro determinar si la SIC debe darle la razón al padre o a la viuda. El análisis parte de que «el nombre y la imagen de una persona no quedan automáticamente disponibles para su apropiación por terceros después de su fallecimiento».
Por eso, la discusión no se reduce a establecer si tiene más derecho el padre o la esposa, sino a determinar si Miguel Uribe Turbay dejó alguna autorización sobre el uso de su nombre e imagen. Si no existe, la SIC deberá revisar las normas de propiedad industrial, las reglas sucesorales y las pruebas para establecer quiénes están legitimados para disponer de esos derechos.
No hay que anticipar que una de las dos partes necesariamente tiene la razón, señaló el experto. En ese sentido, si no está clara la legitimidad para registrar el nombre, una posibilidad sería no conceder un derecho exclusivo hasta que la situación jurídica quede definida.
La SIC deberá analizar si el registro puede afectar los derechos sobre el nombre y la imagen de una persona fallecida y si existe autorización de quienes tienen derechos sobre ese patrimonio. La normativa de propiedad industrial establece restricciones para registrar signos que puedan afectar indebidamente derechos de terceros, entre ellos el nombre, la imagen o el prestigio de una persona natural.
La decisión de la SIC está pendiente y podría definir no solo quién obtiene el registro solicitado, sino también cómo se administrará comercialmente el nombre del fallecido senador.
«No puedo concebir que el nombre de Miguel sea usado para dividir», había dicho hace unos meses Tarazona en relación con las peleas internas en el Centro Democrático cuando se estaba escogiendo candidato para las elecciones presidenciales.
Justamente a raíz del respaldo público que le dio Tarazona a Paloma, Miguel Uribe Londoño, quien también había competido dentro del Centro Democrático por la candidatura del partido, cuestionó públicamente esa decisión y sostuvo que Valencia y Álvaro Uribe estaban «utilizando» a su nuera.
Según dijo entonces, Tarazona no debía respaldar a Valencia porque, a su juicio, la dirigente había tenido enfrentamientos con su hijo Miguel Uribe Turbay y le había «hecho la vida imposible».
La relación entre ambos ya venía marcada por diferencias sobre el manejo del legado del fallecido senador. Tarazona había explicado que, tras la muerte de su esposo, las cosas «se desordenaron» y que, aunque siempre había apoyado a Miguel Uribe Londoño, comenzó a tomar distancia de él porque consideraba que estaba utilizando el nombre de su hijo para «dividir, maltratar y hacer daño».
La pelea por un nombre revela cómo un activo simbólico termina convertido en disputa patrimonial. Cuando la administración de ese legado pasa por una autoridad estatal, la prioridad debería ser una regla clara que reduzca la incertidumbre jurídica y proteja los derechos en juego.
Capital busca reglas claras. Si la SIC no aclara pronto la legitimidad del registro, el legado de Miguel Uribe Turbay quedará atrapado en una pelea familiar y regulatoria que todavía no tiene cierre.
