La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos en un caso que podría definir hasta dónde llega el poder de un estado para perseguir a empresas energéticas por el cambio climático. En Suncor Energy v. County Commissioners of Boulder, los jueces deben decidir si Boulder County, Colorado, puede usar la ley estatal de nuisance para responsabilizar a compañías de combustibles fósiles por daños que alega fueron causados por el calentamiento global.
ExxonMobil y Suncor Energy apelaron después de que la Corte Suprema de Colorado permitiera que siguiera adelante la demanda del condado. Boulder sostiene que las empresas ayudaron a impulsar el cambio climático y engañaron al público sobre los riesgos de los combustibles fósiles. El objetivo es obtener daños monetarios por costos pasados y futuros vinculados con reparaciones de infraestructura, daño ambiental, manejo de emergencias y afectaciones a la salud pública.
Durante la audiencia, Kannon Shanmugam, abogado de las petroleras, dijo que se trata de «un esfuerzo sin precedentes para usar la ley estatal para regular conductas globales». Añadió que la Constitución no permite aplicar la ley estatal de esa manera y que el derecho federal ha gobernado durante más de un siglo las reclamaciones por contaminación interestatal.
La administración de Donald Trump respaldó a Exxon y Suncor. Sarah Harris, abogada del Departamento de Justicia, dijo que la contaminación del aire entre estados es «un área inherentemente federal» y que el Congreso no autorizó la demanda de Boulder bajo una disposición clave de la Ley de Aire Limpio. También sostuvo que la demanda «excede de manera flagrante los límites constitucionales de la autoridad estatal».
Roberts presionó a los abogados de las petroleras y del gobierno sobre por qué este caso sería distinto de otros en los que la Corte ha permitido litigios similares. Ketanji Brown Jackson, por su parte, dijo que algunas preguntas le hacían pensar que el caso estaba «muy temprano» y que quizá era prematuro que la Corte interviniera antes de que concluyeran los procesos estatales.
Exxon y Suncor dijeron a los jueces que casi 60 gobiernos estatales y locales han presentado demandas similares buscando miles de millones de dólares. Una sentencia favorable a las empresas podría llevar a que muchos de esos casos sean desechados. El expediente se suma a una serie de disputas en las que el sector energético busca frenar litigios climáticos y limitar la expansión de la regulación ambiental estatal.
Los números primero. Si Boulder logra convertir una demanda local en una herramienta para reclamar daños globales, el incentivo para más litigios será enorme. Si la Corte pone un límite, el mensaje será claro: una jurisdicción no puede imponer su política al resto del país.
El mercado ya votó hace tiempo contra la fragmentación regulatoria. Capital busca reglas claras. Lo que está en juego no es solo una factura potencial de miles de millones de dólares, sino la seguridad jurídica para la inversión energética y el principio de que cada estado legisla dentro de sus fronteras.