Un juez federal de Massachusetts bloqueó el procedimiento que la Administración de Donald Trump usaba para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en Estados Unidos pese a órdenes de salida o de remoción.
George O'Toole Jr., juez de distrito en Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula esas multas y también las sanciones emitidas bajo ese procedimiento después del 27 de julio de 2025, mientras continúa el litigio.
Según la Legal Aid Society, que representa a las demandantes junto con otros grupos de servicios legales, la decisión significa que el Gobierno no puede hacer cumplir esas multas mientras el caso sigue su curso.
O'Toole consideró que las demandantes tienen probabilidades de demostrar que la normativa utilizada para imponer las sanciones es ilegal. También cuestionó que el Gobierno no hubiera valorado adecuadamente las circunstancias individuales de los afectados y concluyó que el cobro de las multas podría llevarlos a la insolvencia.
La demanda, presentada en noviembre de 2025, impugna una política que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, ha afectado a más de 100 mil personas en todo el país y ha generado multas por un valor aproximado de 84 mil millones de dólares desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Las sanciones podían alcanzar los 998 dólares por cada día de incumplimiento. En algunos casos, las deudas llegaron a cientos de miles de dólares y hasta 1.8 millones.
De acuerdo con la Legal Aid Society, las multas se impusieron a personas que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus, o que cumplen con las órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, además de quienes aseguran no poder regresar de forma segura a sus países de origen.
Las demandantes, Maria L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, enfrentaron sanciones de cientos de miles de dólares y de hasta 1,8 millones, respectivamente, pese a mantener contacto con las autoridades de inmigración y seguir los procedimientos legales disponibles. Una de ellas, agregó la organización, obtuvo posteriormente una visa de inmigrante y fue admitida como residente permanente legal.
La Administración Trump retomó a comienzos de 2025 la aplicación de una disposición de la ley de inmigración que permite imponer multas civiles a determinados inmigrantes que no abandonen Estados Unidos tras recibir una orden de remoción o una orden de salida voluntaria. En junio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia modificaron además el procedimiento para imponer y recurrir esas sanciones, al eliminar la obligación de emitir previamente una notificación de intención de multa y reducir el plazo para recurrirlas.
El caso pone un límite temporal a una herramienta de coerción estatal que, por su escala, ya había pasado de castigo administrativo a amenaza patrimonial. Cuando el aparato público convierte una sanción diaria en una deuda de siete cifras, el problema deja de ser migratorio y se vuelve de Estado de derecho.
Para el mercado institucional y para cualquier familia con derechos en trámite, la señal importa. Capital busca reglas claras. Si una norma puede arrastrar a la insolvencia sin revisar circunstancias individuales, el costo no es solo humano: también es la erosión de la certeza jurídica que sostiene la libertad económica y la propiedad privada.