El Congreso de Guatemala aprobó una exoneración temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta e importación de gasolinas, diésel y gas oil. La norma quedó contenida en el Decreto 22-2026 y, si es sancionada por el Ejecutivo, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La medida fue aprobada en única lectura y de urgencia nacional, con respaldo de 148 legisladores oficialistas y de oposición. Según el texto legislativo, el descuento directo por galón será de Q9,41 para la gasolina superior y de Q9,10 para la regular.
Con los precios que se usan como referencia en la nota, la gasolina regular pasaría de Q44 a Q34,59 si se aplica la exención. Si antes de la promulgación llegara a Q50, el precio quedaría en Q40,59. La lógica de la norma es simple: bajar el costo final de los combustibles en medio de la escalada internacional del petróleo.
Pero la exoneración también traslada el problema a las cuentas públicas. De ser promulgada, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá hacer ajustes presupuestarios para compensar la caída de ingresos. El costo fiscal previsto asciende a Q3.318,4 millones, unos USD 430.9 millones, de los cuales Q1.332,2 millones corresponden al IDP y Q1.986,2 millones al IVA.
El Congreso dejó además a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de Economía y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como responsables de supervisar el cumplimiento. Y, aunque los impuestos tienen destinos específicos, el decreto garantiza los fondos para las municipalidades y para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial).
Durante la discusión, el diputado de la bancada Cabal, Julio Héctor Estrada, dijo que el sacrificio fiscal se cubrirá con mayores ingresos de la administración tributaria. «Por primera vez se tiene más recursos en caja... los guatemaltecos están pagando sus impuestos», afirmó.
La Presidencia, por su parte, no dio una postura inmediata. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dijo que «los equipos del Ejecutivo están trabajando en el análisis del Decreto 22-2026 a fin de estar listos cuando venga para el proceso de sanción presidencial que corresponde». También señaló: «Estamos conscientes que no hay una medida perfecta en el corto plazo, pero reiteramos a la población que tenemos el compromiso de cumplir y responder con efectividad para proteger a las familias y, en este caso, aliviar el bolsillo ante el alza de combustibles».
El dato político es inevitable: Arévalo queda ahora frente a una decisión que no es menor. Si sanciona la norma, asume una merma relevante en ingresos; si no lo hace, deja intacta la carga tributaria sobre combustibles en un momento de presión sobre los bolsillos.
El mercado ya votó hace tiempo en contra de los precios distorsionados y de la improvisación regulatoria. La señal más sana para familias y empresas es la que reduce impuestos, no la que multiplica controles. Pero el precio de esa decisión, cuando se reemplaza recaudación por alivio inmediato, no desaparece: termina en el presupuesto del Estado y en la disciplina fiscal que luego exige ajustes.
Capital busca reglas claras. Si el Ejecutivo convierte este alivio en una política transitoria bien administrada, el efecto puede ser positivo para el consumo y el transporte. Si, en cambio, la exoneración se financia con mayores huecos fiscales, el costo solo se desplaza hacia adelante y vuelve a aparecer donde siempre: en el margen de maniobra del Estado.
