Empresas de minería, energía e infraestructura, extranjeras y nacionales, han acudido a las cuatro grandes auditoras que operan en Chile para analizar la invariabilidad tributaria incluida en la megarreforma del gobierno.
La medida fue ratificada en lo grueso por el Tribunal Constitucional a mediados de agosto. La promulgación se espera para los primeros días de este mes, a la espera del último fallo del TC.
La iniciativa rebaja la tasa del impuesto a las empresas de 27% a 23%, con gradualidad. Además, abre la posibilidad de acogerse a un régimen de invariabilidad impositiva a cambio de tributar 1,5 puntos porcentuales adicionales.
Las inversiones de US$50 millones hacia arriba pueden firmar un contrato de invariabilidad por 10 años. Las de US$100 millones y más, por 15 años. Y las que partan en los US$350 millones, por 20 años.
Loreto Pelegrí, socia de PwC Chile, dijo que el nivel de consultas es «significativo», especialmente entre inversionistas locales y extranjeros que evalúan proyectos de gran escala. Agregó que las consultas se concentran en minería, energía, infraestructura y otras inversiones de largo plazo.
Antonio Guzmán, socio de KPMG Chile, explicó que los principales proyectos están asociados principalmente a la minería, con plazos sobre los 15 años, aunque también hay interés inicial en proyectos energéticos y de infraestructura.
José Miguel Gazitúa, socio de Deloitte, señaló que el tema está en la agenda de los directorios. En el sector minero, dijo, el interés es mayor porque la protección alcanza también al royalty, a eventuales nuevos tributos específicos y a las patentes.
Víctor Fenner, socio adjunto de EY, complementó que el mercado está muy expectante a que la ley se publique para que el SII emita las instrucciones que deben resolver varios temas que la ley dejó abiertos. Según Fenner, los grandes proyectos de minería e infraestructura han mostrado el mayor interés.
Otra medida en análisis es el plazo para repatriar capitales. La ley fijó una ventana de 12 meses para regularizar la situación tributaria de bienes y rentas en el exterior, mediante el pago de un impuesto de 10%, que baja a 7% si esos activos son repatriados o invertidos en el país por un mínimo de cinco años.
Fenner indicó que existen empresas evaluando usar el beneficio para traer a Chile rentas que no están en situación de incumplimiento, sino que aún no deben tributar en Chile. Pelegrí añadió que el interés proviene principalmente de personas y grupos empresariales con activos o inversiones en el exterior.
Las auditoras también han recibido consultas por las donaciones. La ley estableció que, por un año, se reduce en 50% el impuesto a las donaciones, siempre que al menos 50% del valor donado vaya a los destinatarios legítimos y que no exceda el 50% del patrimonio del donante.
Guzmán estimó que el impacto proyectado de las donaciones, de menos de US$300 millones de recaudación, podría ser superado por la recaudación efectiva. También comparó el efecto con el primer régimen de repatriación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que superó los US$1.500 millones.
El punto de fondo es simple: cuando baja la carga y se ofrece estabilidad, el capital busca reglas claras. Eso favorece a proyectos intensivos en inversión y castiga, de paso, a un esquema tributario que antes dejaba más incertidumbre que horizonte.
El mercado ya votó. La señal que ahora falta es administrativa: las instrucciones del SII. Sin esa definición, la capitalización de nuevos proyectos seguirá esperando en la antesala burocrática.
