El gobierno quedó notificado formalmente de una nueva reforma constitucional de seguridad que preparan los senadores Pedro Araya, Andrés Longton y Arturo Squella, a la que se sumaron Karim Bianchi e Iván Flores. Tras la reunión en el Senado, el biministro Claudio Alvarado confirmó que el Ejecutivo retirará el proyecto que ingresó el 17 de agosto pasado.
Alvarado dijo que la nueva propuesta «cumple con los objetivos» que se había establecido el gobierno y añadió que el ingreso de esta reforma será este miércoles. Más tarde, tras conversar en reserva con los senadores, los secretarios de Estado confirmaron a los parlamentarios que la decisión de retirar el mensaje presidencial ya está tomada.
La señal política no es menor. El proyecto original del Ejecutivo perdió espacio frente a una versión impulsada desde el Congreso, con apoyo transversal de oposición y de un senador independiente. Para avanzar, la reforma necesita 29 votos en sala; con los 26 representantes del oficialismo y sus aliados, más el propio Araya, todavía requieren al menos dos apoyos extra. La suma de Bianchi y Flores completa ese umbral.
Según el ministro Martín Arrau, el nuevo texto aborda tres materias: combate al crimen organizado, una mayor segmentación penitenciaria y un perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional. José García Ruminot agregó que, si mañana los cinco senadores presentan el texto y el contenido conocido «satisface al Ejecutivo», existiría disposición a retirarlo.
En el detalle, la propuesta no crea un nuevo estado de excepción. Busca reforzar y regular el que ya existe en la Constitución y que se aplica desde hace años en La Araucanía y el Biobío. Tampoco modifica los plazos de renovación cada 30 días ni amplía medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones.
En crimen organizado, la reforma equipara ese delito al terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos. Además, plantea que los condenados reciban las mismas restricciones que los sentenciados por conductas terroristas al solicitar indulto y las mismas inhabilidades para postular a cargos de elección popular.
En segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería para separar a la población penal. Según lo expuesto, esto busca resolver un problema que ha aparecido cuando tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.
La lectura de fondo es clara: cuando el aparato estatal se enreda en su propia arquitectura, el costo lo paga el orden público. Si la política quiere resultados, debe dar herramientas reales y reglas estables, no más burocracia ni símbolos vacíos. El mercado ya votó hace tiempo por una sola cosa en seguridad: certeza, ejecución y respeto por la ley.
También hay una señal de método. El Congreso terminó empujando una solución más acotada, con menos espacio para la discrecionalidad y sin extender facultades intrusivas. En un país que exige control del delito y protección de la propiedad, cualquier reforma que apunte a ordenar el sistema penitenciario y contener al crimen organizado merece prioridad sobre la pelea política.