El Gobierno y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión de 35 aeropuertos en todo el país hasta el 13 de febrero de 2049. La concesión original vencía en 2038 y el nuevo esquema fue oficializado este lunes mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial.
El entendimiento prevé además una posible ampliación de siete años adicionales, hasta 2056, si la compañía acredita que dispone de US$600 millones para inversiones adicionales y cumple con las condiciones previstas para ejecutar las obras. Según la Secretaría de Transporte, esa segunda etapa no será automática y quedará atada a dos requisitos concretos.
La primera condición exige que antes del 30 de junio de 2027 la empresa presente un informe de una firma internacional de auditoría, o de una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, que acredite la disponibilidad de los fondos. La segunda fija que el 75% de las obras deberá estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2031.
De acuerdo con la información oficial, la renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3% y no implica una rentabilidad garantizada. El Gobierno sostuvo que Aeropuertos Argentina había pretendido una TIR cercana al 17% y que inicialmente buscó una extensión mayor, hasta 2078, algo que finalmente no fue incluido.
El Ejecutivo también afirmó que la empresa había pedido incorporar las inversiones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, pero ese beneficio no quedó en el acuerdo. Infobae precisó que el programa de inversiones de la empresa no tendrá acceso al RIGI.
La renegociación contempla el cierre de los reclamos entre el Estado y la compañía por los desequilibrios acumulados desde la pandemia. Según el comunicado oficial, Aeropuertos Argentina deberá desistir de la demanda iniciada en 2023 por la alteración de la ecuación económica del contrato, y las partes acordaron no formularse nuevos reclamos por hechos anteriores al acta ni por las consecuencias de la pandemia, con una excepción acotada para determinadas revisiones de inversiones de períodos previos.
El Gobierno dijo que el acuerdo busca preservar la calidad y la continuidad del servicio aeroportuario y asegurar un nivel de inversiones compatible con el crecimiento futuro del tráfico aéreo. También sostuvo que la extensión del plazo se eligió por sobre aumentos tarifarios o limitación de inversiones, alternativas que, según su interpretación, habrían tenido mayor impacto sobre los usuarios y el servicio.
Para el mercado, la señal central es otra: reglas más claras, plazo más largo y obligación de capitalización. Capital busca certidumbre contractual, no anuncios abiertos. Cuando el Estado ordena la ecuación y baja la litigiosidad, mejora la previsibilidad para la inversión privada y se reduce el riesgo país regulatorio.
Pero el detalle fino sigue pendiente. No se difundió qué aeropuertos recibirán las inversiones ni cómo se distribuirán los US$600 millones entre proyectos. Sin ese cronograma, la lectura completa del acuerdo queda a mitad de camino: hay extensión, hay compromiso de obra y hay cierre de conflictos, pero todavía no aparece el mapa concreto de ejecución.
