El Gobierno eliminó el tope para inversiones internacionales de los fondos pensionales y borró el límite global del 30% que había sido fijado para las inversiones en el exterior.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 1490 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, que modificó las reglas de inversión de los fondos de pensiones obligatorias. Con ese cambio, se revierte una de las medidas adoptadas por el Gobierno de Gustavo Petro mediante el Decreto 0369 de 2026.
Esa norma anterior establecía que los fondos privados de pensiones solo podían destinar hasta ese porcentaje de los recursos de sus afiliados a mercados internacionales. El nuevo decreto elimina esa restricción global.
El Gobierno concluyó que la restricción podía elevar riesgos y reducir rendimientos esperados. Ese es el punto central: cuando se limita el destino del ahorro de largo plazo, también se recorta el margen de gestión de los fondos para buscar mejor retorno.
Los números primero. El 30% desaparece como techo global y el cambio abre más espacio para que el capital de los afiliados busque diversificación fuera del país. En términos de productividad financiera, la señal favorece una mayor flexibilidad para administrar el riesgo.
Desde la óptica de mercado, la reversión corrige una intervención que había puesto una barrera administrativa sobre el flujo de capital. El mercado ya votó: si el objetivo es preservar rendimientos y reducir riesgos, las reglas deben dejar más libertad a los administradores y menos rigidez al aparato estatal.