El Gobierno puso en marcha el Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado para centralizar y ejecutar los recursos destinados a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El Ministerio de Hacienda oficializó la contratación de Fiducoldex para constituir y administrar ese patrimonio, que en una primera etapa tendrá recursos por alrededor de $1 billón.
El contrato fija una remuneración de 142 salarios mínimos, sin IVA, equivalente hoy a unos $248,6 millones mensuales. Además, la remuneración empezará desde la etapa de preparación del fondo, incluso antes de que comiencen las obras o los desembolsos de las ayudas.
Uno de los puntos cuestionados por la congresista Cathy Juvinao es precisamente ese costo en una fase en la que todavía no se han ejecutado obras de reconstrucción. También cuestionó que Fiducoldex fue escogida con una sola oferta, que el consejo directivo tiene cinco de siete votos en manos de Presidencia y que no hay sillas para los entes territoriales ni para los entes de control.
La máxima instancia de dirección será un Consejo Directivo integrado por siete miembros con derecho a voto: cinco representantes designados por el Presidente de la República, un delegado del DNP y un delegado del Ministerio de Hacienda. La UNGRD participará con voz y sin voto.
La operación cotidiana estará en manos de un gerente designado por el Presidente. En este caso, el cargo fue asignado al empresario antioqueño Jaime Uribe, quien tendrá entre sus funciones actuar como ordenador del gasto, instruir la celebración de contratos derivados, solicitar los giros y autorizar los pagos.
El contrato también contempla la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda imponga multas de hasta el 10 % del valor del contrato en caso de retrasos o incumplimientos. Sin embargo, la fiducia no define por sí sola cómo se contratarán los proyectos de reconstrucción: esas reglas dependerán de un Manual Operativo y un Manual de Contratación que deberá aprobar el Consejo Directivo.
Aunque Fiducoldex tendrá a su cargo la operación de esa «bolsa de recursos», el dinero no permanecerá bajo su custodia. Será administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a través del Sistema de Cuenta Única Nacional del Ministerio de Hacienda.
El fondo recibirá recursos iniciales de la Nación, transferencias del Presupuesto General y donaciones públicas o privadas, nacionales e internacionales. Su ámbito territorial comprende 16 departamentos, entre ellos Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca y Tolima.
La duración del contrato es indeterminada y se mantendrá durante el tiempo que sea necesario para concluir los programas de atención y reconstrucción.
La estructura separa funciones entre Fiducoldex, el Ministerio de Hacienda y el gerente del fondo, pero el hecho relevante para el contribuyente sigue siendo el mismo: hay $1 billón en juego, una comisión mensual elevada y reglas todavía incompletas para contratar. En un esquema así, la transparencia no se presume; se demuestra con controles reales y competencia abierta.
El mercado ya votó: cuando el aparato estatal concentra recursos, decisiones y contratación, el riesgo no es solo de demora, sino de ineficiencia y captura burocrática. Capital busca reglas claras. Aquí todavía faltan varias.