Colombia abrió negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar su crisis fiscal, después de que el presidente, Abelardo de La Espriella, advirtiera que «la plata no alcanza para pagar la deuda ni para sostener el funcionamiento del Gobierno».
El Ejecutivo solicitó al FMI iniciar la misión técnica para realizar la Consulta del Artículo IV, un examen independiente sobre el desempeño de la economía colombiana y las políticas macroeconómicas del Gobierno. La petición se conoció tras la visita al país de Nigel Clarke, director gerente adjunto del organismo, quien se reunió con José Manuel Restrepo, Miguel Gómez Martínez y el equipo técnico de Hacienda.
Gómez aseguró que el Gobierno recibió una situación fiscal compleja tras el cuatrienio anterior. Según las cifras de Hacienda, el Estado tiene gastos cercanos a $40 billones mensuales frente a ingresos de unos $29 billones, mientras una parte importante del presupuesto está comprometida con el pago de obligaciones.
El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB. Además, el déficit a financiar llegó a $117,8 billones en 2025 y a $114,5 billones en 2024. En los años de pandemia, esa cifra fue de $77,7 billones y $83,1 billones, respectivamente.
La decisión cambia el libreto del Gobierno. Hace tres semanas, durante la Convención Bancaria, Gómez había asegurado que el Gobierno no buscaría un acuerdo con el FMI como alternativa para enfrentar el elevado déficit fiscal.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, consideró adecuado abrir las conversaciones frente al estado actual de las finanzas públicas. Recordó que el ministro había descartado esa opción y que ahora el Gobierno decidió avanzar en esa dirección.
Andrés Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó que la diferencia principal entre acudir al FMI y buscar plata con bancos u otros inversionistas está en el costo del crédito y en las condiciones que vienen amarradas al préstamo. «El FMI suele poner condiciones y cobrar intereses más bajos. Te presto a unas tasas más bajas, pero te comprometes a hacer ciertas medidas que resuelvan el problema de fondo».
Wills advirtió que todavía no se conocen los compromisos concretos que podría plantear el Fondo. Aun así, precisó que entre las medidas que suelen contemplarse figuran acciones para fortalecer los ingresos, combatir la evasión, promover reformas tributarias o ajustar el gasto público.
Germán Machado, docente y economista, señaló que Colombia podría buscar una PLL, la Línea de Precaución y Liquidez. Dijo que podría pedir entre US$8.400 millones ($28,13 billones) y US$16.900 millones ($56,6 billones), con metas específicas.
Machado agregó que esa línea serviría como ancla de credibilidad para el programa económico, fortalecería la confianza de los inversionistas y facilitaría el acceso a otras fuentes de financiamiento. Mejía, por su parte, estimó que un eventual programa con el Fondo cumpliría dos funciones: facilitar el acceso a financiamiento externo en mejores condiciones y fijar un programa de ajuste con metas cuantitativas y verificables para reducir de forma gradual el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública.
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, consideró que el acercamiento puede tener relevancia por el acompañamiento que el organismo internacional podría darle al Gobierno. Dijo que representa la posibilidad de tener una entidad experta independiente trazando una senda creíble de sostenibilidad fiscal.
El mercado ya votó: cuando el déficit obliga a buscar un ancla externa, el margen de maniobra del Estado se reduce y la disciplina deja de ser un discurso. Capital busca reglas claras. Si el acuerdo avanza, la clave no será solo el tamaño del crédito, sino el costo político y fiscal de corregir una cuenta pública que hoy luce tensionada por el gasto y por las obligaciones acumuladas.
