La Fiscalía General de la Nación citó formalmente al empresario de conciertos Ricardo Leyva Páez a una diligencia judicial en la que lo acusará por el delito de violencia intrafamiliar agravada.
La audiencia está programada para el 9 de octubre de 2026 en las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y será conducida por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El proceso penal contra Leyva se adelanta bajo el marco de la Ley 1826 de 2017, correspondiente al Procedimiento Penal Especial Abreviado. Bajo ese esquema, el ente acusador no requiere realizar la audiencia tradicional de imputación de cargos y avanza de forma directa al traslado del escrito de acusación.
En esa diligencia, la Fiscalía expondrá los elementos probatorios con los que cuenta para sostener la acusación. Después de conocer el documento, el empresario podrá definir si acepta los cargos, busca una sentencia anticipada, intenta una conciliación o decide acudir a juicio.
El caso se fundamenta en denuncias por presuntos hechos de violencia física, psicológica y económica cometidos contra su exesposa, Karen Santos, entre 2020 y 2025. De acuerdo con los señalamientos de la víctima, durante la relación sufrió golpizas a puño cerrado, humillaciones, control psicológico y persecución con armas blancas.
Entre los episodios documentados destaca uno ocurrido en agosto de 2025 en la zona de Lagos de Caujaral, donde Leyva la habría perseguido y amenazado con un cuchillo, situación que motivó a Santos a huir del inmueble. Santos afirmó además que se le obligaba a justificar sus heridas corporales como supuestos accidentes para no lesionar la imagen de la familia.
Como sustento de sus acusaciones, la mujer entregó a las autoridades videos, fotografías de las lesiones, reportes médicos y grabaciones de llamadas intimidatorias.
Paralelo a estos señalamientos, Ricardo Leyva instauró una denuncia penal contra Karen Santos por el delito de extorsión. Según la versión del empresario, su exesposa lo habría amenazado con divulgar un video íntimo para afectar su reputación.
Dentro de las decisiones adoptadas por la justicia está la prohibición absoluta para Santos de contactar al empresario o a su familia sin orden judicial previa, así como la asignación de atención prioritaria para Leyva en los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.
A Santos el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas de Bogotá le ratificó medidas de protección contra el empresario y cuenta con un esquema de resguardo efectivo mientras avanza la investigación.
Más allá del expediente, el caso vuelve a poner sobre la mesa una exigencia básica: que la justicia actúe con rapidez, rigor y sin privilegios. Cuando hay denuncias graves y medidas de protección de por medio, el país no necesita ruido, sino instituciones que funcionen y decisiones que protejan a la víctima sin descuidar el debido proceso.
También queda en evidencia el costo de la lentitud judicial para todos los involucrados. La seguridad jurídica no es un adorno: es la base para que las personas puedan confiar en que el Estado hará su trabajo y en que la controversia no se resolverá por presión mediática, sino por pruebas y reglas claras.