La próxima definición de comisionados de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ya abrió una disputa sobre el perfil del regulador. El gobierno debe oficializar los nombres y luego conseguir ratificación en el Senado por cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio, un umbral que obliga a sumar apoyo de oposición.
Entre los nombres que el gobierno ha socializado con parlamentarios están Óscar González, exgerente general de BancoEstado durante el gobierno anterior, y Juan Esteban Laval, fiscal de la Asociación de Bancos (Abif). Hoy, además de Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias, el consejo de la CMF también lo integran Beltrán de Ramón, Osvaldo Adasme y Catherine Tornel en la presidencia.
Para el presidente de la Asociación de Empresas Fintech (FinteChile), José Gabriel Carrasco, «como gremio, evidentemente, nos importa mucho que la CMF continúe con el buen trabajo que se ha hecho a la fecha». A su juicio, la elección de comisionados «no es algo trivial», porque el Congreso la realiza con cuatro séptimos para asegurar pluralismo.
Carrasco agregó que la ley pide que quienes asuman entiendan la industria regulada y tengan experiencia diversa. Citó el mandato legal que exige un consejo «diverso y que equilibre la experiencia y conocimiento técnico» sobre los mercados supervisados por la comisión.
En esa línea, sostuvo que eso implica expertos en bancos, aseguradoras, cooperativas, cajas de compensación y fintechs. Por eso, dijo que importa que al tomar la decisión se evalúen esos atributos y que el Congreso cumpla «en su debido momento» con ese mandato.
Sobre los nombres que han trascendido, Carrasco afirmó que los más mencionados están más ligados al sector bancario que a las otras industrias fiscalizadas por la CMF. También señaló que eso le genera una inquietud «bastante evidente» y que debería existir «una alineación total» en favor de comisionados diversos.
El punto no es menor. Cuando el regulador financiero se diseña con criterios de equilibrio técnico y pluralismo, la señal para el mercado es más claridad y menos captura sectorial. Capital busca reglas claras, y en un organismo como la CMF esa idea pesa más que cualquier reparto político de última hora.
Si la decisión termina concentrando el poder regulatorio en perfiles demasiado cercanos a una sola industria, el costo lo paga la competencia y, al final, la innovación financiera. La ley ya fijó el estándar; ahora le toca al Congreso demostrar que la diversidad no es solo una consigna, sino una condición real para ordenar el mercado.