España importó al menos 2,32 millones de toneladas métricas de petróleo venezolano entre enero y agosto de 2026, la cifra más alta en dos décadas, de acuerdo con los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, Cores, un organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de España.
Solo en agosto, el país recibió 641.000 toneladas de crudo venezolano, el nivel más alto registrado por Cores para ese mes desde 1996. En el mismo período de 2006, las importaciones habían sido de 2,39 millones de toneladas, una referencia que muestra la magnitud del salto de este año.
El aumento se da tras los acuerdos entre Caracas y Washington, según la información publicada. En paralelo, Repsol firmó en abril un acuerdo con el gobierno venezolano y Pdvsa que le otorgó el control operacional de la empresa conjunta de la que forma parte como accionista minoritario.
La compañía española se fijó como meta incrementar la producción 50 % durante 12 meses y triplicarla en un plazo de tres años. Además, en junio acordó de manera preliminar la posible inclusión del campo petrolero Horcón en sus proyectos de producción.
El dato es relevante porque confirma que el flujo de crudo venezolano volvió a ganar peso en un mercado europeo clave. Cuando el abastecimiento energético depende de acuerdos políticos y no de reglas estables, el margen de maniobra empresarial mejora para algunos actores, pero también crece la exposición a decisiones de gobierno y a cambios regulatorios.
Para España, la lectura es clara: el petróleo vuelve a moverse por canales donde la geopolítica pesa tanto como el precio. Para Venezuela, el repunte muestra que su crudo sigue encontrando salida comercial. Y para Repsol, la operación abre un espacio de capitalización y producción, aunque bajo un esquema donde el Estado venezolano sigue siendo parte central del negocio.
Capital busca reglas claras. Cuando un activo energético alcanza máximos históricos, el mercado celebra el flujo; pero la calidad de ese flujo depende de la seguridad jurídica, la estabilidad contractual y la capacidad de sostener inversión a largo plazo.