El juez del distrito de Columbia Randolph Moss dictó cuatro nuevas sentencias contra España por los recortes retroactivos aplicados a las primas de las energías renovables, por un total de 98,1 millones de euros.
Con esos fallos, la deuda exigible a España en Estados Unidos ronda ya los 935 millones de euros, según la información difundida este 7 de octubre por EFE. Los nuevos fallos afectan a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, y elevan a 13 las condenas contra España en Estados Unidos.
La disputa tiene su origen en el cambio normativo aprobado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que recortó la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil. Ese giro abrió una oleada de arbitrajes de inversores ante distintos organismos internacionales, entre ellos el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial.
En su resolución, Moss rechazó los argumentos de España para frenar la ejecución de los laudos y recordó que las decisiones del CIADI deben recibir en Estados Unidos el mismo reconocimiento que una sentencia firme de sus propios tribunales. El magistrado también desestimó la petición española de suspender el procedimiento y ordenó dictar sentencia a favor de los acreedores.
Los laudos que resolvieron las demandas de OperaFund y Schwab están valorados en 29,3 millones de euros; el de Steag, en 27,7 millones; y el de Renergy, en 32,9 millones. A esas cifras se suman costas e intereses de demora, hasta completar los 98,1 millones de euros.
Antes de esta nueva tanda, los tribunales estadounidenses ya habían fallado contra España en nueve ocasiones por un importe conjunto de 836,6 millones de euros, entre ellas las causas de Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus.
Además, han existido fallos en contra de España en tribunales de Reino Unido, Australia y Singapur. Según la información difundida, siguen pendientes de pago 27 laudos por un valor cercano a 1.750 millones de euros.
Los números primero. Cuando una decisión regulatoria termina convertida en una cuenta de 935 millones de euros exigibles en el exterior, el costo no lo absorbe la burocracia: lo paga el contribuyente.
Capital busca reglas claras. Si un cambio normativo puede disparar litigios durante años, la señal para la inversión es mala y el riesgo país institucional sube. La seguridad jurídica no es un eslogan; es la base para que el capital productivo siga entrando y no salga corriendo.