El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició este lunes las vistas orales para decidir si permite que sigan adelante las demandas presentadas por administraciones locales contra compañías petroleras por los efectos del cambio climático.
El caso enfrenta a la ciudad y el condado de Boulder, en Colorado, contra Exxon Mobil y Suncor Energy. Los demandantes exigen compensaciones económicas por daños en infraestructuras y salud pública derivados del calentamiento global, y acusan a las corporaciones de minimizar el impacto de los combustibles fósiles.
Las petroleras rechazan esas acusaciones y sostienen que el caso debe ser desestimado. Su argumento central es que las emisiones de gases de efecto invernadero son una cuestión de ámbito federal y no deberían regularse mediante demandas estatales.
Durante casi dos horas de sesión, los magistrados expusieron distintas posturas técnicas. Según recoge 'The Washington Post', las autoridades de Boulder compararon este pleito con los históricos casos contra las empresas tabacaleras y farmacéuticas. En esa línea, la jueza Elena Kagan sugirió, según el citado medio, que esos precedentes presentaban pocas diferencias con respecto al caso de las petroleras, por lo que la demanda debería avanzar.
Por el contrario, los magistrados Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett respaldaron el argumento de la defensa al señalar que la jurisprudencia previa establece que la contaminación del aire y el agua es competencia exclusiva del Gobierno federal. La jueza Ketanji Brown Jackson, en cambio, indicó que la intervención del Supremo en este momento del proceso podría ser «prematura».
El presidente del Tribunal, John Roberts, advirtió, según Bloomberg, sobre las posibles consecuencias del fallo y señaló que una victoria de los demandantes podría desencadenar reclamaciones similares en todos los estados.
La resolución definitiva se espera para junio o julio. La ausencia del juez Samuel Alito —apartado de manera voluntaria porque su esposa posee acciones en empresas del sector— abre la posibilidad de un empate a cuatro votos. Si eso ocurre, el Supremo avalaría de facto el fallo previo del Tribunal Supremo de Colorado, que permite la continuación del juicio, pero sin crear un precedente vinculante a nivel nacional.
Los números primero: si el caso prospera, el incentivo para multiplicar litigios contra compañías cotizadas podría extenderse por todo el país. Eso aumenta el riesgo jurídico para el capital, eleva la incertidumbre regulatoria y desplaza a los tribunales un debate que, según la defensa, pertenece al Gobierno federal.
Capital busca reglas claras. Cuando la responsabilidad se fragmenta entre estados y municipios, la productividad jurídica cae y el costo termina cayendo sobre empresas, inversión y empleo. El mercado ya votó: la próxima señal del Supremo dirá si manda la seguridad jurídica o la expansión del litigio como herramienta de política pública.