La desaparición de Fernando Andrés Rosales Gallegos, comerciante de 35 años, sigue sin respuesta en El Salvador. Desapareció el 5 de marzo de 2022 en Santa Ana, y su familia aún no conoce su paradero.
El caso tiene un dato singular: es la única causa del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha avanzado hasta los tribunales con personas detenidas. Aun así, el proceso penal está trabado por postergaciones que han frenado el acceso a una verdad mínima: dónde está Fernando.
La secuencia reconstruida por la familia y el expediente judicial muestra una cadena de fallas e incertidumbre. La denuncia no fue procesada de inmediato y recién quedó registrada en la madrugada del 6 de marzo. Después, investigadores informaron equivocadamente que Fernando estaba detenido en la sede del 911 de Flor Blanca, en San Salvador.
La familia terminó hallando por su cuenta el vehículo del comerciante, estacionado en una calle desolada a pocas cuadras del Mercado Central de Santa Ana. El automóvil fue decomisado para peritajes, pero no hubo informes posteriores sobre rastros o evidencias en su interior.
Con la intervención de una abogada querellante, la familia accedió al expediente judicial y a registros de videovigilancia de la zona comercial. Las imágenes y los testimonios incorporados al proceso, entre ellos el de un testigo bajo régimen de protección, muestran que Fernando advirtió que era perseguido por un grupo de hombres mientras caminaba cerca del mercado.
Según esos registros, ingresó a una ferretería para resguardarse. Las cámaras captaron a los perseguidores mirando al interior del local por los ventanales y haciendo señas antes de simular que se retiraban.
Antes de salir, Fernando llamó a su entonces pareja para pedir auxilio con una patrulla policial. Poco después, al ver despejada la calle, intentó huir, pero fue abordado por un grupo de aproximadamente ocho personas. Las imágenes muestran que fue rodeado, obligado a caminar bajo presión física y luego ingresado por la fuerza a un negocio de ropa usada, donde se perdió su rastro.
Hasta ahora, cuatro personas —tres hombres y una mujer— fueron detenidas y procesadas por su presunta participación en la privación de libertad. Uno de los procesados recibió medidas sustitutivas a la detención; los otros tres siguen bajo prisión preventiva.
Pero el avance judicial no se traduce en respuestas. La audiencia preliminar fue suspendida en más de 12 ocasiones por distintos motivos procesales, y la familia insiste en que no basta con imputados si no se determina el paradero de Fernando ni se identifican a los autores materiales directos.
Esmeralda del Carmen Rosales, que hoy integra la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, resume la herida abierta de su familia: su madre quiere un lugar para orarle y llevarle flores. Ese reclamo, sencillo y devastador, expone lo esencial: sin justicia efectiva, el aparato estatal solo administra la espera.
El mercado ya votó en otro plano: cuando la institucionalidad falla, el costo cae sobre las familias, que cargan con la búsqueda, los peritajes perdidos y la burocracia judicial. La seguridad jurídica también se mide en expedientes que avanzan y en respuestas que llegan a tiempo. Cuando no ocurre, la confianza se erosiona y el daño se vuelve permanente.