El gobierno de Cuba afirmó que Estados Unidos «carece de autoridad práctica y moral» para dictar con qué países puede comerciar la isla y bajo qué condiciones. La reacción llegó tras la incautación de un cargamento de 2,2 millones de litros de biodiésel con destino al archipiélago caribeño.
La declaración fue difundida por el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien rechazó la operación de agencias federales estadounidenses y la enmarcó dentro de la política de «máxima presión» y cerco energético promovida por la administración de Donald Trump. Según el texto divulgado, Washington confirmó la intercepción de 90 envíos de combustible en Puerto Everglades, en Florida, y en el puerto de Houston, en Texas.
Las autoridades estadounidenses alegaron que el cargamento estaba consignado a Enetec, una entidad estatal cubana sujeta a régimen de sanciones. El operativo se suma a otra interceptación realizada a principios de septiembre por la Guardia Costera de EE UU contra un buque cisterna en aguas internacionales del Caribe.
Rodríguez calificó estas operaciones de abordaje como un «bloqueo naval de facto» que viola el Derecho Internacional y las normas del libre comercio multilateral. También sostuvo que Estados Unidos no tiene derecho a «imponer un bloqueo naval ni un cerco energético, detener ni revisar embarcaciones en alta mar, ni usurpar recursos».
La escalada de confiscaciones responde, de acuerdo con la versión cubana, al endurecimiento del embargo petrolero decretado por Washington a principios de año y complementado en mayo con sanciones secundarias contra empresas y navieras internacionales que mantengan intercambios comerciales en sectores clave como el de la energía.
Cuba afirma que la medida ha agravado la severa crisis de abastecimiento eléctrico que enfrenta el país y que las acciones coercitivas buscan asfixiar su capacidad de generación eléctrica. El Palacio de la Revolución advirtió además que la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses afecta a la comunidad internacional al criminalizar operaciones logísticas marítimas.
El caso vuelve a exponer un problema que excede la retórica diplomática: cuando el comercio queda atrapado por sanciones y decomisos, el costo se traslada a la actividad económica, la energía disponible y la previsibilidad para cualquier empresa que opere con reglas cambiantes. El mercado ya votó: donde se castiga el flujo de capital y combustible, se contrae la inversión y aumenta el riesgo país.
Para Cuba, el choque con Washington se traduce en más escasez y más dependencia de decisiones políticas ajenas. Para Estados Unidos, el episodio refuerza el uso de la coerción extraterritorial como herramienta de política exterior. En ambos casos, el resultado es el mismo: menos libertad comercial, más burocracia de sanciones y un entorno peor para la productividad.