La deuda pública total como proporción del PIB aumentará de 44.5 por ciento en 2017 a 55 por ciento en 2027. El salto implica 10.5 puntos porcentuales en una década. Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, reconoció que esa evolución genera preocupación.
Aun así, sostuvo que los indicadores de México no son desfavorables cuando se comparan con los de economías con un nivel de desarrollo similar. Dijo que México está «en una posición bastante favorable» y «justo por debajo del promedio de la mayoría de las economías desarrolladas».
Hacienda también atribuyó parte del aumento de la deuda respecto al PIB a la revisión a la baja de las cifras del PIB realizada por el Inegi. Esa actualización modifica el denominador y eleva la razón deuda-PIB sin que necesariamente haya el mismo movimiento en el pasivo nominal.
En materia fiscal, la dependencia prevé que el déficit amplio, medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público, baje por tercer año consecutivo. Pasaría de 5.8 por ciento del PIB a 4.1 por ciento en 2026 y a 3.9 por ciento en 2027.
El objetivo, explicó Amador, es mantener una convergencia fiscal gradual y sostenida hacia un déficit de alrededor de 3 por ciento del PIB e incluso niveles inferiores en los próximos años. También proyectó un superávit primario de 0.1 por ciento del PIB este año y de 0.5 por ciento en 2027. Eso significa que los ingresos superarían al gasto público antes del pago de intereses de la deuda.
Amador añadió que la deuda de Pemex pasó de representar 9 por ciento del PIB a 3.5 por ciento, y que ello contribuyó a la mejora de las calificaciones de la empresa. Sobre la deuda soberana, afirmó que las ocho agencias calificadoras que evalúan el crédito de México mantienen al país dentro del grado de inversión.
Hacienda estima además que para 2027 el PIB crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento, con un punto medio de 2 por ciento. La previsión incluye una inflación de cierre de 3 por ciento, una tasa de Cetes a 28 días de 6 por ciento y un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre del próximo año. El escenario contempla un precio promedio de la mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril y un déficit de cuenta corriente de 0.6 por ciento del PIB.
La señal es clara: el aparato estatal seguirá financiándose con más deuda, aunque Hacienda intente mostrar disciplina con un recorte del déficit y un superávit primario. Capital busca reglas claras. Cuando el margen fiscal se estrecha, el costo termina reflejándose en el retorno de la economía, en la calificación soberana y en el espacio para la inversión privada.
El mercado ya votó con una lectura prudente. La prioridad no es maquillar la razón deuda-PIB, sino evitar que el dinero de los contribuyentes se convierta en una carga estructural. Una convergencia fiscal creíble protege la confianza y sostiene la productividad; lo contrario eleva el riesgo país y deja menos espacio para crecer.
