El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió a la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, revertir el aumento de 46 pesos por galón de gasolina previsto para octubre.
La decisión llegó en medio de una nueva escalada del petróleo internacional. En las fuentes citadas, el brent aparece con una proyección de 89 dólares por barril y una encuesta publicada el miércoles lo ubica en un promedio de 89,05 dólares por barril este año, frente a 85,08 dólares de hace apenas un mes.
De la Espriella dijo en X que le pidió a la ministra «revertir el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina».
El mandatario también ordenó a todas las entidades del Gobierno «buscar una salida articulada» y «explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos».
Según el Ministerio de Minas y Energía, el alza de 46 pesos había sido anunciada en respuesta a la «actualización del precio reconocido a los productores de etanol», uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina. El biocombustible se produce a partir de caña de azúcar y tiene una presencia importante en el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Las fuentes también recuerdan que el precio de la gasolina en Colombia subió de 9.180 pesos en agosto de 2022 a 16.331 pesos en agosto de 2026, tras el desmonte gradual de subsidios universales durante el mandato de Gustavo Petro, que buscó ajustar el combustible a precios internacionales y reducir el esfuerzo presupuestario.
El movimiento de De la Espriella tiene una lectura política clara: evitar que el ajuste recaiga de inmediato sobre los hogares en un entorno de petróleo más caro. También marca distancia frente a una lógica de precios que, durante años, cargó el peso fiscal sobre el consumidor y el fondo público de estabilización.
Capital busca reglas claras. Si el Gobierno quiere corregir distorsiones sin trasladar más costo al ciudadano, deberá explicar con precisión quién absorbe el impacto, cómo se compensa al sector y qué criterio regirá los próximos ajustes. El mercado ya votó, y lo hizo con un crudo más caro; ahora le toca al Estado justificar su fórmula sin esconder el costo real.
