Un juez penal de Bogotá dictó sentencia contra José Oliverio Silva, hallado responsable de hurtar y someter a actos sexuales a Keyra, una perrita de raza pastor alemán.
De acuerdo con las investigaciones lideradas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto de 2025. Ese día, Silva sustrajo a Keyra de un establecimiento de comercio en Bogotá donde se encontraba.
Posteriormente, el hombre la trasladó a otro sitio alejado y la utilizó para realizar actos sexuales, causándole severas afectaciones a su salud e integridad física, según la Fiscalía.
Tras evaluar las pruebas aportadas por la Fiscalía, la autoridad judicial halló culpable a Silva de los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.
Gracias al fallo, Silva deberá cumplir con una pena privativa de la libertad de 37 meses y 10 días de prisión, además de una inhabilidad para la tenencia de animales durante 74 meses.
El caso de Keyra forma parte de un reporte reciente presentado por la Fiscalía General de la Nación sobre actuaciones judiciales frente a actos de violencia e intolerancia contra animales de compañía en varias regiones de Colombia. En esa lista de sentencias también figura Edgar Alexander Montañez Díaz, condenado a 20 meses de prisión y a una inhabilidad equivalente para la tenencia de animales por maltrato animal agravado, luego de agredir a Lucas, un perro criollo, como represalia hacia su excompañera sentimental y en presencia de menores de edad.
En Choachí, Cundinamarca, el ente acusador imputó el delito de muerte a animal agravada a Juan Gabriel Pinzón Rincón, acusado de atacar letalmente con un arma cortopunzante a Nena, la canina de su pareja, durante una discusión el pasado 21 de agosto.
Los números primero. El caso muestra que la respuesta penal ya no puede ser simbólica cuando hay hurto, lesiones graves y violencia contra animales de compañía. La pena y la inhabilidad buscan cortar el incentivo y marcar que la propiedad y la integridad no son negociables para la sociedad ni para el Estado.
Capital busca reglas claras. Cuando la justicia actúa con sanciones concretas, también protege la convivencia y reduce el margen para la impunidad. En un país donde la intolerancia deja costos humanos y materiales, el mensaje institucional importa: el abuso no debe salir barato.