Chile presentó su Ley de Presupuestos para 2027, el primero elaborado durante el mandato de José Antonio Kast, con un gasto total neto de 105,8 billones de pesos chilenos, equivalente a 95.220 millones de euros, y un crecimiento de 1,5% respecto de 2026.
El Gobierno pidió al Congreso autorizar un endeudamiento de hasta 25.000 millones de dólares, cifra que incluye amortizaciones e intereses de la deuda fiscal, además de una autorización adicional por hasta 600 millones de dólares. La solicitud aparece en el artículo 3 de la iniciativa y supera la deuda pedida en el último presupuesto del gobierno de Gabriel Boric, que fue de 17.400 millones de dólares.
Kast defendió la propuesta como una forma de «compatibilizar la respuesta a las principales necesidades del país con el cumplimiento de los compromisos fiscales», según el propio Gobierno chileno. En el mensaje que acompaña la iniciativa, de 72 páginas, el mandatario dijo que se trata del «primer presupuesto de su administración» y que se estructura en torno a tres prioridades: «niñez, seguridad, y empleo y reactivación económica».
El texto agrega que se resguardan los beneficios sociales establecidos por ley, como la Pensión Garantizada Universal, y que de cada 1.000 dólares que gasta el Estado, más de 600 dólares estarán destinados a pensiones, salud y educación, según destacó el Ejecutivo. También contempla una planificación del gasto a cinco años y la revisión de 632 programas correspondientes a 23 ministerios.
La lectura de mercado es clara: el presupuesto intenta combinar gasto social con disciplina fiscal, pero lo hace sobre una base de mayor endeudamiento. Para los contribuyentes, el punto no es solo cuánto promete el Estado, sino cuánto financiamiento adicional necesita para sostenerlo.
Capital busca reglas claras. Si la administración Kast quiere credibilidad fiscal, el reto será demostrar que la revisión de 632 programas y la planificación a cinco años se traducen en productividad pública, no en más burocracia financiada con deuda. El mercado ya votó: sin ancla fiscal, el retorno de cualquier promesa se diluye.