La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) señaló que en el país circulan cerca de 3,5 millones de vehículos con un promedio de antigüedad de aproximadamente 22 años. Eduardo Cáceres, presidente ejecutivo del gremio, presentó ese dato como parte de un balance sobre el sector vehicular.
La organización calificó la situación como compleja y dijo que busca soluciones operativas para la renovación de la flota nacional. Cáceres afirmó en una entrevista concedida a Globovisión que la cámara reúne a 20 marcas del sector y que estas registraron un crecimiento sostenido en el mercado nacional desde 2023.
«Para nosotros son noticias muy positivas porque no solamente estamos aumentando el número de vehículos que se venden, sino que también se está activando la economía en general», señaló Cáceres.
El dirigente también explicó por qué sube el precio final de los autos. Dijo que las exigencias fiscales y logísticas inciden en el monto que paga el consumidor. Según detalló, el valor de venta incorpora los costos de importación, las tasas portuarias y municipales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el arancel de aduana.
Cáceres añadió que ese arancel se ubica entre 20% y 40% de acuerdo con el cilindraje del motor de cada automóvil. A su juicio, esa estructura de costos debe revisarse con organismos del Estado.
«Hay una estructura de costos que queremos revisar con los diferentes organismos del Estado porque hay opciones o posibilidades que podemos trabajar y estamos actualmente enfocados en tratar de buscar soluciones y opciones que puedan bajar gradualmente el costo de los vehículos», afirmó.
El gremio indicó que las mesas de trabajo con instituciones gubernamentales buscarán evaluar la carga tributaria. En su lectura, la antigüedad del parque automotor y los componentes tributarios que elevan el valor de comercialización de los automóviles nuevos representan los principales desafíos del sector.
Los números primero. Lo que muestra Cavenez es un mercado con demanda, pero atrapado por costos que terminan golpeando al consumidor. Cuando el precio de una unidad nueva carga con impuestos, tasas y trámites, la renovación del parque se vuelve más lenta y el poder de compra se resiente.
Capital busca reglas claras. Si el objetivo es mover más vehículos y modernizar la flota, la señal pasa por menos fricción regulatoria y una estructura fiscal más racional. El sector privado ya puso el diagnóstico sobre la mesa; ahora el aparato estatal tendrá que decidir si facilita la inversión o mantiene un esquema que encarece la movilidad.
