Casi 40 personas denunciaron ante la Justicia una presunta maniobra comercial vinculada con la venta de iPhone en Bahía Blanca. El perjuicio estimado va de 60.000 a 80.000 dólares, según las presentaciones mencionadas en la causa.
El comercio funcionaba en la calle Zelarrayán 170 y hoy está bajo investigación. Las denuncias apuntan contra Martín D.M., quien, según los reclamos, ofrecía teléfonos con cobro anticipado. Los clientes entregaban efectivo, hacían transferencias o dejaban señas con la expectativa de recibir los equipos en fechas pactadas.
Esos plazos vencieron sin entrega, de acuerdo con los denunciantes. En otros casos, los compradores dijeron que recibieron aparatos con fallas de funcionamiento. Esa situación también quedó incorporada a los reclamos.
La dimensión del caso creció cuando el local dejó de atender al público y familiares del comerciante retiraron pertenencias del lugar, según informó La Nueva. Un grupo de afectados fue al comercio al advertir el movimiento. Allí intervino la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los damnificados hicieron denuncias penales ante la Justicia provincial. Además, llevaron sus reclamos a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que interviene en conflictos entre consumidores y proveedores.
Uno de los puntos señalados por los denunciantes es el destino de las transferencias bancarias. Según dijeron, los pagos no habrían ido solo a una cuenta a nombre de quien figuraba como responsable del comercio.
Frente a las quejas, D.M. publicó mensajes en redes sociales en los que atribuyó su situación a dificultades económicas posteriores a un robo que, según afirmó, sufrió en septiembre del año anterior. Después de la interrupción de la atención presencial, en la puerta del local se colocó un cartel con un cierre temporal. El aviso mencionaba falta de suministro eléctrico y decía que las ventas continuarían de manera virtual.
También se mencionó la posibilidad de una mediación legal para gestionar la restitución de los fondos. Los denunciantes esperan precisiones sobre esa alternativa y sobre cómo se responderá por los pagos que, aseguran, quedaron sin contraprestación.
El expediente comercial corre en paralelo con una causa federal. A comienzos de este año, Prefectura Naval Argentina y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero realizaron un allanamiento en un local de la calle Zelarrayán al 100. El procedimiento fue ordenado dentro de una investigación por presunto contrabando, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal. Durante el operativo se secuestraron documentación y productos electrónicos.
Por ahora, no hay resolución judicial sobre ninguna de las causas. El caso sigue abierto y el dinero de decenas de compradores quedó en disputa. Cuando un comercio opera con anticipos y no cumple, el costo no lo absorbe solo el consumidor: se deteriora la confianza y se encarece cada futura operación. Capital busca reglas claras.
