Brasil y Perú cerraron una jornada electoral con cifras que ponen el foco en el orden del proceso y en el respeto a la voluntad del elector. En Brasil, la Policía Federal informó la detención de 28 personas por sospechas de delitos electorales durante las primeras horas de votación. En Perú, el Ministerio Público reportó 79 ciudadanos detenidos por la presunta comisión de delitos de carácter electoral y 12 más por incumplir la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
El balance brasileño incluyó además el decomiso de bienes y valores por 57,3 mil reales, equivalentes a 11 mil dólares, de los cuales 34,2 mil reales eran dinero en efectivo. La policía también instauró tres investigaciones y seis procesos circunstanciales para esclarecer las incidencias. Los casos se reportaron en Bahía, Minas Gerais, Roraima, Acre, Rondonia, Amapá, Paraíba y el Distrito Federal.
Entre las conductas bajo investigación figuran la propaganda electoral irregular, la corrupción electoral y la presunta compra de votos. Según la legislación brasileña, se considera corrupción electoral ofrecer, prometer, solicitar o recibir una ventaja con el propósito de obtener o dar un voto.
En Perú, la Fiscalía de Prevención del Delito desplegó más de 6.800 fiscales en locales de votación a nivel nacional para supervisar los comicios y atender posibles hechos que pudieran constituir infracciones o delitos. El monitoreo incluyó casos de suplantación de identidad, inducción al voto y reparto de propaganda.
Cusco concentró la mayor cantidad de detenidos, con 12 casos. Lima Sur registró ocho intervenciones, mientras que Arequipa e Ica reportaron seis cada una. Tacna y Cajamarca informaron cuatro personas detenidas en cada caso. El fiscal superior Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, dijo que algunas conductas pueden constituir presión sobre los electores.
Barrenechea mencionó situaciones en las que una persona recibe amenazas para votar por determinado candidato o cuando se le exige demostrar mediante una fotografía cuál fue su elección. También informó que el Ministerio Público recibió información sobre un caso en el que se ofrecían 100 soles a una persona para votar por un candidato y mostrar una fotografía de su voto.
Además, la Fiscalía precisó que no se registraron reportes de personas que acudieran a votar bajo los efectos del alcohol. Los casos informados correspondieron a establecimientos que continuaban con la venta de bebidas durante el periodo de prohibición.
Los números primero. Cuando dos países necesitan despliegues masivos de fiscales, policías, decomisos y procesos para que una elección funcione, el problema no es solo penal: también es de incentivos y de instituciones. El mercado político opera mejor cuando el voto vale por su libertad, no por una coacción ni por una ventaja económica.
El dato relevante para el lector es que el costo de proteger la integridad electoral no lo paga solo la burocracia; lo paga también el contribuyente, en tiempo, recursos y credibilidad institucional. Capital busca reglas claras, y una democracia con presión sobre el voto sigue siendo una democracia con riesgo país institucional.