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Bogotá baja el ICA y promete $78,3 billones en inversión con el acuerdo de ciudad inteligente

El Concejo aprobó la iniciativa que reordena tarifas, moderniza el alumbrado y crea incentivos tributarios. La apuesta es atraer capital; el costo regulatorio y fiscal seguirá en el centro del debate.
martes 29 de septiembre de 2026

El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Acuerdo por una Ciudad Inteligente, una iniciativa que reordena el alumbrado público, modifica las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y crea incentivos para la inversión y la formalización empresarial.

Carlos Fernando Galán celebró la votación y dijo que «hoy Bogotá dio un paso muy grande hacia el futuro». También afirmó que el proyecto no es solo para su administración, sino «un acuerdo para el futuro de Bogotá».

La iniciativa pasa ahora a sanción del alcalde. La Alcaldía informó que varias de las medidas comenzarán a aplicarse desde 2027, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.

Uno de los ejes centrales es la modernización del alumbrado público. Galán dijo que el Distrito proyecta cambiar 50.000 luminarias cada año hasta lograr que todos los postes de la ciudad sean 100% LED. También señaló que el acuerdo permitirá avanzar en el soterramiento de cables y en la modernización de los postes para que puedan ser monitoreados y controlados de manera remota.

De acuerdo con Galán, esa infraestructura permitirá incorporar sensores y cámaras y avanzar hacia una red de Internet de las cosas, con herramientas que podrían utilizarse para responder ante emergencias.

La Alcaldía indicó además que se creará un aporte ligado al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado. Los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, salvo aquellos cuya base gravable supere las 20.000 UVT, según la información oficial. Galán precisó que las tiendas de menos de 30 metros cuadrados que funcionen en predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 no tendrán que pagar por el alumbrado público.

En materia tributaria, el acuerdo reorganiza el ICA mediante una reducción del número de tarifas. Galán afirmó que el 83% de los comercios y el 89% de las industrias pagarán menos ICA con el nuevo esquema. También aseguró que la reforma no aumentará el impuesto para los pequeños comercios.

Entre los ejemplos que dio, dijo que las tiendas de barrio que venden alimentos tendrán una reducción del 3,4%, los restaurantes y hoteles del 13% y los bares del 20%. El comunicado del Instituto Distrital de Turismo señaló que la reorganización pasa de 13 a 9 tarifas enteras y que 275 actividades económicas tendrán una reducción de tarifa.

El IDT agregó que la medida beneficiará al 89,6 % de las empresas industriales y al 82,9 % de las comerciales. Para la cadena de valor turística, informó que la tarifa del ICA para hoteles y restaurantes quedará en 12 por mil, mientras que para los bares será de 11 por mil.

El tercer componente del acuerdo apunta a atraer inversión. Galán afirmó que Bogotá recibirá más de $78 billones adicionales en inversión durante los próximos diez años y generará 215.000 nuevos empleos. El IDT cifró la inversión privada proyectada en $78,3 billones durante la próxima década.

El comunicado de esa entidad relacionó los incentivos con sectores como el turismo, la renovación urbana y el desarrollo del Distrito Aeroportuario, con zonas de Fontibón y Engativá. También señaló que ciertos proyectos podrán acceder a exenciones decrecientes de ICA y Predial de hasta 10 años, y que las inversiones que generen al menos 30 empleos directos en ese corredor tendrán una exención del 100 % en el impuesto de Delineación Urbana.

El mercado ya votó por una premisa simple: cuando bajan las trabas y se da más previsibilidad, el capital responde. Bogotá intenta moverse en esa dirección con menos tarifas, más incentivos y un alumbrado más moderno.

La prueba, sin embargo, será fiscal y de ejecución. Si el acuerdo logra atraer inversión sin castigar al contribuyente ni engordar la burocracia, la ciudad podría ganar productividad y empleo. Si no, el costo volverá a recaer sobre quienes producen y sostienen la actividad económica.

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